La Cámara de Diputados aprobó este martes una normativa que introduce nuevos procedimientos para ordenar y depurar los juicios ejecutivos, las acciones preparatorias y los procesos de cobro en guaraníes. Con esta medida, se pretende ofrecer una herramienta concreta para frenar abusos frecuentes en el uso de pagarés y para brindar mayor amparo a quienes son afectados por prácticas irregulares en este tipo de deudas.
La iniciativa se enmarca dentro de un paquete de reformas que apunta a modernizar el sistema judicial y optimizar el manejo de causas vinculadas a obligaciones financieras, un ámbito donde los retrasos y descontrol en expedientes han permitido que grupos organizados operen en perjuicio de ciudadanos vulnerables.
El proyecto plantea acelerar los trámites, dotarlos de mayor transparencia y garantizar que tanto acreedores como deudores cuenten con un proceso más claro y seguro. Entre las medidas centrales se establece un mecanismo de saneamiento para expedientes no ubicados: las secretarías judiciales deberán informar en un plazo máximo de diez días cuando un archivo no pueda ser encontrado. Si se confirma la pérdida, el juez tendrá la obligación de ordenar inmediatamente su reconstrucción.
La ley también prevé la suspensión o el levantamiento de medidas cautelares en causas donde se detecte la desaparición del expediente, así como la nulidad automática de actuaciones cuando existan irregularidades graves. Otro punto importante es la incorporación de herramientas digitales como el correo electrónico y la mensajería instantánea para que los demandados puedan acceder más fácilmente a las notificaciones y evitar quedar indefensos.
Asimismo, se contempla una protección especial para personas en situación de vulnerabilidad, quienes recibirán apoyo del Ministerio de la Defensa Pública durante estos procesos.
Con el respaldo unánime del pleno, el documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
