La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió un pronunciamiento público dirigido a las autoridades del Congreso Nacional, solicitando que durante la marcha por la justicia prevista para este martes 2 de diciembre de 2025 se aborde con carácter urgente la Ley de Emergencia Judicial y otras iniciativas vinculadas a los reclamos del sector.
El colectivo recordó que miles de familias han sido afectadas por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, cuyos métodos respaldados por documentos de dudosa legalidad y juicios reiterados derivaron en la pérdida de bienes, endeudamiento extremo y situaciones de indigencia. Según informes de la Fiscalía, ministerios y la propia Comisión de Investigación del Congreso, existen evidencias sólidas que corroboran la existencia de esta red delictiva que operó durante años al amparo de un sector del sistema judicial.
En su comunicado, la organización exige a los legisladores “ponerse la camiseta del pueblo” y actuar con valentía frente a un problema que, aseguran, desnuda las debilidades estructurales de la justicia. “Es hora de determinar si van a representar al pueblo o a la mafia”, expresaron.
El pedido surge en un contexto marcado por uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años. De acuerdo con el Ministerio Público, la trama expuesta demuestra una corrupción arraigada dentro de juzgados de primera instancia, revelando la vulnerabilidad del sistema ante intereses financieros. La Fiscalía sostiene que este caso implica una violación sistemática de derechos fundamentales y un perjuicio prolongado para ciudadanos sometidos a procesos irregulares durante años.
La acusación fiscal, que involucra a funcionarios y actores judiciales presuntamente vinculados a estas prácticas, constituye un precedente relevante en la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial. Ahora será la propia Justicia la que deberá determinar si los procesados enfrentarán un juicio oral y público por los hechos atribuidos.
La Coordinadora insiste en que el Congreso debe dar una respuesta inmediata y legislar medidas excepcionales que protejan a las víctimas y eviten que esquemas de esta naturaleza vuelvan a repetirse.
