El juez Humberto Otazú admitió la imputación y resolvió procesar al abogado Juan Carlos Bedoya Fleita, investigado por los presuntos hechos punibles de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. El profesional fue detenido durante un operativo de entrega vigilada coordinado por el Ministerio Público.
La intervención fue encabezada por la agente fiscal Marlene González, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien junto con funcionarios de su unidad ejecutó la entrega controlada en el marco de una investigación que apunta tanto a un abogado como a un presunto funcionario del Ministerio Público. Ambos habrían solicitado dinero a cambio de influir en la resolución de un proceso penal.
Como parte del operativo, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento para intervenir las oficinas de un estudio jurídico ubicado en Coronel Oviedo, donde se llevó a cabo la entrega vigilada de G. 30.000.000, monto que serviría como evidencia del supuesto pedido indebido. El procedimiento culminó con la detención del abogado Bedoya Fleita, quien habría actuado como intermediario en la solicitud de la coima.
De acuerdo con la denuncia presentada, el 19 de noviembre de 2025 la víctima relató que había sido contactada por un conocido suyo para transmitirle un supuesto pedido de dinero realizado por un funcionario del Ministerio Público, con la intermediación del abogado ahora imputado. Según la versión del denunciante, el pago tendría como objetivo asegurarle una salida procesal menos gravosa en la causa penal en la que se encuentra imputado y actualmente acusado.
Inicialmente, se le habría comunicado que debía entregar G. 25.000.000, más G. 1.000.000 en concepto de “donación”. Sin embargo, al día siguiente 20 de noviembre de 2025 el abogado informó que el monto exigido se incrementaría en G. 5.000.000, totalizando G. 30.000.000, además del millón de guaraníes destinado a la supuesta donación.
Ante estos indicios, la fiscal González solicitó la orden de allanamiento del estudio jurídico para obtener evidencias y proceder a la detención del investigado. La entrega controlada permitió registrar el momento en que el dinero fue recibido, reforzando los elementos que sustentan la imputación formalizada y ahora admitida por el juez Otazú.
El proceso continúa abierto mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas y en la identificación de otros posibles responsables dentro del esquema de solicitud de sobornos.
