El juez especializado Rodrigo Estigarribia resolvió, tras la audiencia preliminar, elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Wilfrido Cáceres, exdirector financiero de la administración de Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Durante la diligencia, el fiscal Piñánez ratificó íntegramente la acusación y sostuvo que las pruebas reunidas por el Ministerio Público son suficientes y sólidas para demostrar los hechos durante el juicio oral.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público allanó la lujosa vivienda de Cáceres, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción durante la pandemia de COVID-19 y era considerado hombre de confianza del entonces intendente Óscar Rodríguez.
Cáceres fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito luego de que se detectara una marcada falta de correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos, los cuales habría intentado ocultar, conforme a los informes fiscales.
La misma situación involucra a su esposa, Ruth Da Silva, acusada por lavado de dinero, así como a su secretaria, Camila Ramírez. Según la Fiscalía, ambas habrían simulado la compraventa del inmueble investigado en una operación concertada para ocultar a los verdaderos propietarios. El matrimonio incluso recurrió a una joven de 19 años como prestanombre para encubrir bienes que no podían justificar con sus salarios. Sin embargo, la audiencia respecto a ambas quedó pospuesta: una cambió de abogado y la otra no se presentó.
De acuerdo con los antecedentes, Da Silva adquirió dos terrenos en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo, por 100 millones de guaraníes. Inmediatamente inició la construcción y, poco antes de concluir las obras, vendió la propiedad a Camila Ramírez por el mismo valor. Aunque la lujosa casa quedó registrada a nombre de Ramírez, el matrimonio Cáceres-Da Silva residía allí con comodidades ostentosas.
El relato fiscal señala que Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), correspondientes a los periodos 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021).
La CGR detectó inconsistencias patrimoniales entre lo declarado y los resultados de la auditoría, lo que motivó un análisis de correspondencia. El ente contralor concluyó que no existe coherencia entre los bienes declarados y los ingresos del matrimonio, tras cruzar las declaraciones juradas con información de entidades públicas y privadas.
Todos los elementos de prueba admitidos en la causa serán debatidos en la próxima etapa de juicio oral, conforme a la resolución adoptada por el juez Estigarribia durante la audiencia preliminar.
