En su última sesión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la jueza, tras las conclusiones de la auditoría de gestión realizada por la Corte Suprema de Justicia a su despacho. La Corte ya había adoptado la medida cautelar de suspenderla en sus funciones y remitir sus antecedentes al JEM.
La Corte también remitió los antecedentes al Ministerio Público para someterlos a análisis y verificar si la conducta desplegada por la magistrada constituye un hecho punible, al igual que en los casos de sus colegas de Asunción.
La magistrada está salpicada por el mismo esquema de fraude con pagarés que ha dejado a cientos de víctimas —en su mayoría funcionarios públicos y jubilados— despojadas de sus haberes, sin posibilidad de defenderse en juicios ejecutivos impulsados de forma unilateral y aparentemente avalados por una red de corrupción judicial.
Pero el escándalo no se limita a la magistrada. La investigación revela que varios funcionarios judiciales del mismo juzgado también habrían participado activamente en el esquema delictivo, lo que extiende la mancha de corrupción más allá de los despachos de Asunción.
Además de la jueza Norma Beatriz Ortiz de Segovia, están bajo sumario administrativo los actuarios judiciales Elena Noemí Ojeda Duré, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán, así como el ujier notificador Sergio Daniel Orué Sanabria.
Igualmente, se encuentran incluidos los oficiales de justicia Rolando Britos Marín, Alma Valeria Villalba, Silvio César Mareco, Martha Isabel Ramírez, Cristian Ramón Amarilla Closs, Marcos Norberto Enciso Arias, Ignacio Ariel Franco Benítez, Mario Rafael Leguizamón, Willian Marcos Aquino Almirón, Máximo Derlis Lugo Jara, Víctor Manuel Ruiz González, Víctor Manuel Álvarez Torres, Heriberto Osvaldo Britos Mongelós y Víctor Javier Encina.
Todos ellos deberán someterse al proceso de averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados, que apuntan a una estructura operativa interna que habría facilitado la tramitación irregular de pagarés.
Este nuevo capítulo se suma a una serie de denuncias y causas abiertas contra operadores de justicia vinculados al uso fraudulento de pagarés, una práctica sistemática y perjudicial para miles de personas, muchas de ellas indefensas ante juicios ejecutivos en los que ni siquiera fueron notificadas.
El caso de Luque refuerza la sospecha de que este esquema criminal no se limita a los juzgados de la capital, sino que podría estar extendido a nivel nacional, operando bajo el amparo de complicidades internas, omisiones deliberadas y una corrupción arraigada en el sistema judicial.
El Ministerio Público concluyó recientemente su primera investigación sobre cinco juzgados de Paz de Asunción, pero, a juzgar por la magnitud de los nuevos hallazgos, todo indica que este sería apenas el inicio de una red mucho más amplia y compleja.
Lo que parecía un problema aislado se perfila ahora como una estructura delictiva enquistada en el Poder Judicial, que durante años habría operado con impunidad, afectando gravemente los derechos de ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse.
La Corte Suprema de Justicia viene impulsando una serie de iniciativas legislativas y administrativas para tratar de combatir esta estructura que nace en sus propias sedes judiciales.
