La audiencia preliminar prevista para este viernes, en la causa que involucra al exjuez Víctor Niño Rodríguez y a parte de su antiguo equipo de trabajo, quedó finalmente suspendida. La diligencia debía realizarse ante el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia; sin embargo, fue interrumpida tras la presentación de certificados médicos por parte del exmagistrado y de dos de sus exfuncionarias, quienes alegaron dificultades de salud que les impedían comparecer.
Tanto el exjuez de Paz de la Recoleta, Víctor Niño Rodríguez, como la abogada y exactuaria Patricia Parodi y la ujier notificadora Ingrid Prette, presentaron reposos médicos que justificaron su ausencia. Esta situación obligó a reprogramar la audiencia preliminar para este grupo de procesados en esta causa específica.
En paralelo, la defensa de la actuaria Gloria Morínigo promovió una recusación contra el juez Estigarribia, argumentando presuntas vulneraciones a las garantías procesales de su representada. La recusación deberá ahora ser evaluada por la cámara de apelaciones.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el exmagistrado Víctor Niño Rodríguez habría dictado resoluciones judiciales a favor de demandantes en procesos ejecutivos, incurriendo en graves irregularidades. La Fiscalía sostiene que Rodríguez habría “torcido el derecho” al validar hechos que no ocurrieron: específicamente, al tener por realizadas notificaciones que nunca fueron tramitadas y al dar por reconocidas firmas cuyo reconocimiento jamás fue efectuado.
Según la imputación, en 28 expedientes, el exjuez dictó 26 resoluciones todas con fecha 17 y 20 de enero de 2023 en las que tuvo por reconocidas las firmas de los supuestos deudores y dispuso el avance de los juicios ejecutivos. Estas resoluciones habrían sido respaldadas por informes de la ujier Ingrid Prette, quien declaró haber practicado notificaciones en nueve ciudades distintas Asunción, Capiatá, Caaguazú, Fernando de la Mora, Yataity del Norte, Ciudad del Este, Capiatá (dos veces consignada), Limpio y Areguá, en un lapso de apenas cuatro horas, lo cual la Fiscalía considera materialmente imposible.
El exjuez Niño Rodríguez y sus exfuncionarios afrontan además otro proceso penal por prevaricato y otros hechos punibles. Según el Ministerio Público, todos habrían actuado en complicidad con casas de crédito que estafaron a funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) mediante pagarés fraguados.
La Fiscalía detalla que en los procesos tramitados ante el exmagistrado se habrían simulado notificaciones a los funcionarios del SNPP, quienes se convirtieron en víctimas de la denominada “mafia de los pagarés”, una estructura que habría recurrido a documentos adulterados para ejecutar deudas inexistentes.
El Ministerio Público afirma que los procesos ejecutivos promovidos ante el Juzgado de Paz de la Recoleta habrían sido tramitados en clara connivencia entre los representantes legales de las casas de crédito y determinados funcionarios judiciales de ese juzgado.
De acuerdo con el relato de la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022 directivos de las firmas SERFIN S.A. y PRESTO S.A. habrían adulterado fechas de emisión y vencimiento de pagarés que ya estaban cancelados, para luego utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Niño Rodríguez.
La imputación también señala que las actuarias Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, habrían incurrido en graves irregularidades procesales. Según la Fiscalía, los funcionarios acompañaron el trámite de juicios de preparación de la vía ejecutiva contra asociados del SNPP, utilizando pagarés adulterados correspondientes a cuentas totalmente canceladas y omitiendo notificar adecuadamente a los afectados.
