Tras la reciente tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia por el traslado sin autorización jurisdiccional de dos personas privadas de libertad consideradas de alto perfil, Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y Gloria Rotela, hermana de Javier Rotela, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, aclaró a Judiciales Net que no existe un conflicto enterinstitucional, sino una “incomprensión del rol” que corresponde a cada autoridad.
Maciel explicó que el traslado de Gloria Rotela respondió estrictamente a criterios técnicos. Señaló que la interna se encontraba en la penitenciaría de Coronel Oviedo, un establecimiento con régimen semiabierto destinado a personas que ya se encuentran próximas a la reinserción social. “Ese requisito ya no se ajusta a la situación actual de la reclusa, por lo que se dispuso su traslado al nuevo penal de mujeres, que cuenta con una infraestructura de seguridad más adecuada”, detalló.
El viceministro indicó que la decisión fue comunicada de manera formal y completa a la jueza Rosarito Montanía, mediante una nota en la que se expusieron los motivos y fundamentos administrativos que justificaron la medida. Insistió en que el Ministerio actuó conforme a sus atribuciones y que no hubo intención de vulnerar disposiciones judiciales.
“Quiero aclarar que no estamos en un escenario de confrontación. Lo que existe aquí es una falta de comprensión respecto de cuáles son las competencias administrativas del Ministerio de Justicia y cuáles son las competencias jurisdiccionales”, puntualizó.
Maciel también refirió que no se configura el tipo penal de desacato, ya que no hubo dolo en la actuación de las autoridades penitenciarias. “No existió voluntad deliberada de incumplir una orden judicial. El Ministerio está cumpliendo el rol que constitucionalmente le corresponde”, remarcó.
Sin embargo, las juezas María Luz Martínez y Rosarito Montanía remitieron al Ministerio Público denuncias por un presunto hecho de desacato relacionado con los traslados de Tío Rico y de Gloria Rotela. La Fiscalía General designó al agente fiscal Julio Ortiz para investigar ambas causas, debido a que las magistradas del fuero penal especializado consideraron sospechoso que los movimientos se realizaran sin autorización judicial previa.
El Ministerio de Justicia sostiene que su competencia administrativa incluye la potestad de decidir el lugar de reclusión y el tipo de establecimiento penitenciario que corresponde a cada interno, siempre en función de criterios técnicos de seguridad, infraestructura y tratamiento penitenciario.
