La especialista en Derecho Penal y Penitenciario, Andrea Vera Aldana, advirtió sobre las graves consecuencias del abuso de la prisión preventiva en el sistema de justicia paraguayo. En conversación con Judiciales Net, la experta enfatizó que esta medida excepcional se ha convertido, en la práctica, en una respuesta ordinaria, lo que contribuye directamente al hacinamiento carcelario y a la violación sistemática de derechos fundamentales.
Vera Aldana recordó que la legislación nacional es clara: la prisión preventiva debe ser la última medida en dictarse y solo procede cuando concurren de manera conjunta tres factores esenciales riesgo de fuga, peligro de obstrucción a la investigación y la gravedad o peligrosidad del hecho punible. Sin embargo, lamentó que muchos jueces siguen recurriendo a esta medida sin una valoración integral de esos requisitos, convirtiendo lo que debía ser una excepción en una práctica generalizada.
“Es un problema sumamente grave que los jueces sigan aplicando la prisión preventiva sin considerar los tres elementos que la ley exige. Esta medida debe ser la última, no la primera. Ese uso indiscriminado es lo que mantiene a nuestras cárceles en condiciones de colapso y hacinamiento”, afirmó la especialista.
La experta recordó además que la Corte Suprema de Justicia ya había emitido una acordada instando a los magistrados a limitar el uso de la prisión preventiva y a aplicarla solo en casos estrictamente necesarios. No obstante, dicha recomendación parece haber quedado sin efecto práctico.
“No podemos seguir engrosando el sistema penitenciario con personas privadas de libertad que no tienen condena. Muchos incluso permanecen presos más tiempo del que correspondería a la pena mínima por el delito que se les imputa. Llenar las cárceles nunca fue una solución para la seguridad pública”, subrayó Vera Aldana.
La especialista advirtió que replicar modelos de “mano dura” de otros países no representa una respuesta válida ni efectiva.
“No podemos tomar como ejemplo políticas penitenciarias de países donde se ha optado por la prisionalización masiva, como ocurre en El Salvador. Ese modelo se sostiene sobre la violación sistemática de los derechos humanos, algo incompatible con los compromisos internacionales que Paraguay ha asumido al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó.
Andrea Vera Aldana explicó que, en la práctica actual, muchos jueces dictan prisión preventiva solo en función de la gravedad del delito imputado, sin que esté plenamente determinada la participación del acusado. Esta tendencia, sostuvo, revela una deformación del principio de presunción de inocencia y vulnera garantías procesales básicas.
Recientemente, el Gobierno ha habilitado nuevas penitenciarias para separar condenados de procesados, pero la especialista considera que la solución nunca será aumentar las encarcelaciones sino trabajar en la prevención de varias de las ilicitudes que hoy se perpetran en el entorno familiar.
Finalmente, la especialista reiteró que la prisión preventiva solo puede aplicarse cuando concurren simultáneamente los tres elementos exigidos por la ley: peligro de fuga, obstrucción a la justicia y peligrosidad del hecho punible.
