El fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, de la Unidad Penal de Emboscada, fue imputado por cohecho pasivo agravado tras ser denunciado por solicitar una coima de 10 millones de guaraníes a cambio de beneficiar a un procesado por lesión grave. La imputación fue presentada por la agente especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle.
De acuerdo con la investigación, el pedido de dinero habría sido realizado a través de mensajes de texto enviados por su asistente fiscal, Lilian Andrea Florenciano, a la abogada defensora del imputado. La supuesta promesa era no presentar acusación formal y, eventualmente, facilitar una salida procesal favorable a cambio del soborno.
Según la denuncia, al no concretarse el pago, el fiscal Elizaur procedió con la acusación. Sin embargo, más adelante se habría realizado un nuevo pedido de dinero, esta vez por un monto menor, con la promesa de allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Estos hechos motivaron la intervención de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
Tras recibir la denuncia, se organizó una entrega vigilada de dinero en la propia sede de la unidad fiscal, donde el Ministerio Público fotocopió los billetes y acompañó la transacción. El operativo derivó en un allanamiento, durante el cual fueron incautados teléfonos celulares, CPUs y dinero en efectivo. Además, la oficina del fiscal fue clausurada como parte de las diligencias.
Los elementos de prueba recabados comprometerían tanto al agente fiscal como a su asistente, por lo que la fiscal Adle formuló la imputación correspondiente. En el caso de Elizaur, fue imputado como autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado, y se solicitó la comunicación de la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el objetivo de que le sean retirados los fueros y pueda ser sometido a proceso penal.
Por su parte, la asistente fiscal Lilian Florenciano fue imputada como cómplice por el mismo hecho.
