Con esta afirmación categórica, la doctora Alejandra Peralta Merlo, experta en derechos humanos, plantea una alerta sobre los desafíos actuales que enfrenta este derecho fundamental en un contexto democrático.
Durante una entrevista reciente con Judiciales Net, la abogada recordó que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, como lo ha sostenido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Enfatizó que este derecho no solo protege la posibilidad de opinar, sino que garantiza el debate público, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
“La libertad de expresión es la madre de las libertades. Sin ella, no hay democracia”, afirmó.
Paraguay, según explicó, cuenta con una protección constitucional amplia y garantista en materia de derechos humanos. Sin embargo, la aplicación incorrecta de las normas, especialmente por parte del Poder Judicial, representa un serio obstáculo para su vigencia real.
Casos como la criminalización del debate público mediante figuras penales como difamación, calumnia e injuria, o el uso restrictivo de la Ley 5777 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, generan preocupaciones crecientes.
“Se están utilizando resoluciones judiciales para imponer censura en casos donde se difunde información de interés público, especialmente sobre funcionarios o funcionarias de alto rango. Eso es una distorsión de la ley”, advirtió la experta.
La organización TEDIC ha documentado al menos seis casos en los que la Ley 5777 fue usada para restringir la labor periodística o censurar publicaciones críticas. Entre los afectados se encuentran periodistas como Mabel Portillo, Alfredo Guachiré, Letizia Medina, Freddy Chamorro y el medio RDN, vinculado a Christian Chena.
Para la entrevistada, el rol del Poder Judicial es determinante. No solo para garantizar la libertad de expresión, sino también para sancionar con firmeza los ataques contra periodistas, especialmente aquellos que enfrentan amenazas por parte de estructuras criminales o grupos de poder.
“Cuando los jueces no aplican correctamente la ponderación de derechos, especialmente en casos relacionados con expresiones de interés público, se generan restricciones inconstitucionales”.
También recordó que Paraguay ya fue condenado por la Corte IDH en dos casos paradigmáticos relacionados con este derecho: el de Ricardo Canese, querellado por el expresidente Juan Carlos Wasmosy, y el del periodista Santiago Leguizamón, asesinado por el crimen organizado.
Además del rol judicial, Peralta Merlo cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo, en particular por impulsar o respaldar leyes que podrían restringir la participación de la sociedad civil. Citó como ejemplo la llamada «Ley Garrote», que limita la actividad de organizaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales son clave en la lucha contra la corrupción.
“Fue un retroceso enorme. Las organizaciones sociales deben tener un espacio amplio y protegido para participar del debate democrático”, señaló.
En un contexto donde la Corte IDH celebra por tercera vez una sesión en Paraguay, el escenario no es alentador. Varios periodistas han sufrido restricciones impuestas por decisiones judiciales, muchas de ellas enmarcadas en una interpretación controversial de las leyes vigentes.
“La censura previa está prohibida por la Constitución Nacional”, recordó la abogada. Y añadió que: “Toda restricción a la libertad de expresión debe cumplir con un test de proporcionalidad. Debe ser legal, legítima, necesaria y estrictamente proporcional. No cualquier molestia o incomodidad justifica limitar el debate público”.
Finalmente, alertó sobre el riesgo de normalizar discursos que proponen limitar derechos en nombre del orden o la moral pública:
“Toda la sociedad paraguaya debe entender lo peligroso que es coquetear con la dictadura, especialmente cuando se pretende restringir un derecho tan esencial como la libertad de expresión”.
La libertad de expresión no es un privilegio, sino una condición indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Su respeto y su defensa no dependen solo de la letra de la ley, sino de cómo se aplica en la práctica. Y allí, como advierte Alejandra Peralta Merlo, el Poder Judicial tiene una responsabilidad insoslayable.
