El juicio oral en el caso “A Ultranza Py”, considerado el más grande proceso judicial contra el crimen organizado en la historia reciente del país, quedó suspendido tras una recusación presentada por la defensa del pastor José Insfrán, uno de los principales acusados.
El abogado Nelson López, defensor de Insfrán, recusó a los tres magistrados del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado: María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas, solicitando que sean apartados del caso.
Mientras la Cámara de Apelaciones estudia este incidente, el juicio oral queda paralizado hasta tanto se resuelva si los jueces continúan o no al frente del proceso. La continuidad del juicio dependerá ahora de la celeridad con la que actúe el sistema judicial para confirmar o no la competencia del colegiado.
El proceso judicial forma parte de la causa “A Ultranza Py”, una operación que representó el mayor golpe al narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay, con ramificaciones en el ámbito político, empresarial y religioso.
Entre los principales acusados se encuentran: Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, presunto líder de la estructura criminal, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú. Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado colorado, vinculado al lavado de activos. Luis Fernando Sebriano González, señalado como el brazo logístico de la organización.
También están implicados familiares de “Tío Rico”, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, así como el empresario Alberto Koube Ayala, considerado uno de los cabecillas del esquema de lavado. Lo acompañan su pareja, María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana, Fátima Koube Ayala.
Según la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, esta organización criminal operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia hacia Europa y África. Se estima que movilizó más de 17 toneladas de clorhidrato de cocaína, generando ingresos que superan los USD 430 millones.
La operación “A Ultranza Py” incluyó más de 100 allanamientos y la participación de más de 20 fiscales, con cooperación internacional de agencias como la DEA, Europol, la Policía de Uruguay, entre otras. Fue una investigación que desmanteló uno de los esquemas narcos más sofisticados y peligrosos jamás detectados en Paraguay.
