El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, deberá comparecer ante la justicia entre los días 6, 7 y 8 de octubre próximos, tras ser acusado por el Ministerio Público en el marco del conocido caso de presunta corrupción durante la pandemia, denominado “detergentes de oro”.
El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia convocó a Rodríguez y a otras 15 personas acusadas a una audiencia preliminar, etapa procesal clave donde se definirá si la causa se eleva a juicio oral y público.
Rodríguez fue acusado formalmente por lesión de confianza y asociación criminal, por supuestamente haber encabezado un esquema destinado a defraudar al Estado mediante compras públicas sobrefacturadas realizadas en 2020, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Según la investigación de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, liderada por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González, las contrataciones realizadas por la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Rodríguez generaron un daño patrimonial de G. 1.830 millones.
El Ministerio Público sostiene que se realizaron adquisiciones de productos de limpieza a precios altamente inflados, en contrataciones direccionadas hacia empresas previamente seleccionadas, en clara violación a las normativas de competencia y transparencia.
Junto con Rodríguez, también están acusados exfuncionarios municipales y empresarios, entre ellos: César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Wilfrido Cáceres Flores, Edwin López Cattebeke, Enrique Chávez Benítez, Ernesto Armoa Ramírez, Víctor Frágueda Ortiz, Jorge Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Arguello Vielma, María Cano Torres, Pedro Cano Martínez y Benicio Cano Martínez.
El esquema habría operado durante la pandemia, favoreciendo a un grupo de proveedores que, según el expediente fiscal, continuaron contratando con el municipio incluso después de la emergencia sanitaria, lo que para los investigadores constituye un patrón sistemático de corrupción.
El Ministerio Público considera que existen suficientes pruebas documentales, testimoniales y técnicas para acreditar los hechos y llevar a los acusados a juicio. De confirmarse el requerimiento fiscal durante la audiencia preliminar, la causa se elevará a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados.
