La Cámara de Diputados dio un paso importante en la lucha contra los abusos financieros al aprobar, con modificaciones, el proyecto de ley que establece mecanismos de protección para personas afectadas por el esquema conocido como la “mafia de pagarés”. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión final.
El proyecto apunta a cerrar los vacíos legales que permiten el uso indebido de pagarés como herramienta de extorsión y endeudamiento abusivo, especialmente a través de juicios ejecutivos acelerados, embargos masivos y notificaciones simuladas.
La nueva normativa introduce cambios estructurales al Código Procesal Civil, y plantea, entre otros puntos, que todos los pagarés utilizados como títulos ejecutivos deban ser depositados y resguardados en sede judicial durante todo el proceso, evitando así su circulación fraudulenta.
Otra disposición relevante es que solo se aceptarán documentos originales, lo que impide la reutilización de pagarés en múltiples demandas. Además, se establece la devolución automática del pagaré al deudor una vez saldada la deuda, brindando mayor transparencia al cierre del proceso.
La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, una de las impulsoras de la propuesta, resaltó que el proyecto apunta a frenar embargos injustificados y promover una respuesta institucional más efectiva para quienes han sido víctimas de estos mecanismos ilegales.
La elaboración de la iniciativa fue acompañada de un amplio proceso de consulta, que incluyó audiencias públicas con víctimas, técnicos, referentes del Poder Judicial y legisladores de diversas bancadas. También intervinieron comisiones parlamentarias clave y la Bicameral de Reordenamiento del Estado.
Entre las modificaciones introducidas por los diputados se destacan ajustes técnicos como la sustitución del término «eficaz» por «fehaciente» en el contexto de notificaciones judiciales, lo que otorga mayor precisión legal.
También se incluyó la posibilidad de cotejo de firmas electrónicas, reconociendo plena validez probatoria a aquellas que cumplan con las exigencias normativas. Esta adaptación responde a la necesidad de actualizar el sistema judicial a los nuevos estándares tecnológicos.
Adicionalmente, se otorga a la Corte Suprema de Justicia la potestad de definir cómo y dónde se custodiarán los documentos judiciales, abriendo la puerta a soluciones tecnológicas o acuerdos con instituciones especializadas.
Con esta reforma, el Congreso busca establecer un marco legal más equilibrado entre acreedores y deudores, y sobre todo, impedir que los pagarés continúen siendo utilizados como instrumentos de presión indebida o enriquecimiento ilícito.
La versión aprobada por Diputados representa un avance significativo en términos de justicia financiera y defensa del ciudadano común, y será ahora tarea del Senado dar su veredicto final para convertirla en ley.
