La jueza Rosarito Montanía admitió la imputación contra el abogado Óscar Luis Tuma Bogado, el ciudadano brasileño Alexandre Rodrigues Gomes y la funcionaria de Registros Públicos Alcira Celeste Rodríguez Flores, en el marco de una causa por lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales.
Los tres están indiciados de participar en una maniobra para transferir inmuebles embargados, con el objetivo de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
Las audiencias de imposición de medidas fueron agendadas en fechas distintas. Alcira Rodríguez deberá comparecer el 17 de septiembre, Óscar Tuma el 18 de septiembre, y Alexandre Gomes, quien se encuentra recluido, lo hará por medios telemáticos el 19 de septiembre, todas previstas para las 09:00 horas.
Según la investigación del Ministerio Público, Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades, al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a 1.700 millones de guaraníes a nombre de su abogado defensor, utilizando documentos presuntamente falsificados.
La funcionaria Rodríguez Flores habría alterado la base de datos del sistema informático de Registros Públicos, modificando los datos personales del procesado para generar certificados que acreditaban falsamente la libre disponibilidad de bienes. Esta alteración posibilitó la formalización de las transferencias.
Pese a la inhibición judicial vigente, el abogado Óscar Tuma habría recibido los inmuebles como pago por honorarios profesionales, incurriendo así en el delito de lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado Especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. Las conductas imputadas incluyen lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba y frustración de la ejecución penal.
El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, quienes analizan la existencia de otros posibles partícipes en la estructura operativa que permitió la transferencia de bienes embargados.
