Un Tribunal de Sentencia condenó a cuatro años de cárcel a una madre por violación del deber de cuidado. Se probó en juicio que la mujer no denunció el abuso sexual de su hija de seis años y frustró su atención en varias oportunidades.
El abuso fue cometido por el padrastro de la niña, quien además la contagió de sífilis (VDRL). El presunto agresor se encuentra prófugo y fue declarado en rebeldía por la Justicia. Podría enfrentar varios años de pena carcelaria por el hecho.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó numerosas pruebas que demostraron que la acusada violó gravemente su deber legal de proteger a su hija. Se comprobó que, a pesar de tener conocimiento de las lesiones graves (úlceras e inflamación) y del dolor intenso que sufría la menor, la madre no permitió que recibiera la atención médica adecuada.
El informe socioambiental y el dictamen victimológico confirmaron el total descuido y los daños psicológicos sufridos por la niña. Se demostró que la procesada intentó en todo momento proteger a su pareja, huyendo de los hospitales para impedir que fuera sometido a una sanción penal. En consecuencia, el Tribunal la condenó a cuatro años de encierro.
De acuerdo con los antecedentes, la víctima fue abusada por su padrastro y contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Al llevar a la niña inicialmente a un hospital, una pediatra la examinó e informó a la madre sobre la sospecha de abuso sexual, recomendando activar el protocolo interinstitucional. En ese momento, la acusada huyó del hospital con la menor, impidiendo el procedimiento y el tratamiento médico.
Tiempo después, cuando el estado de salud de la niña empeoró, la mujer acudió a otro centro asistencial. Allí, la médica de turno también confirmó la sospecha de abuso y lesiones. Al informarle que daría aviso a las autoridades, la madre intentó huir nuevamente.
Sin embargo, fue retenida en las afueras del nosocomio y entregada a las autoridades. Tras una investigación del Ministerio Público, la mujer fue imputada junto con el presunto abusador, quien aún permanece prófugo. Finalmente, fue sentenciada a cuatro años de pena privativa de libertad por violación del deber de cuidado y frustración de la ejecución penal.
La agente fiscal Julia González Medina representó al Ministerio Público en el juicio oral.
