Este martes, un grupo de personas víctimas del conocido esquema de la mafia de los pagarés se manifestó frente al tribunal para exigir respuestas más ágiles que permitan suspender los descuentos compulsivos, de los que siguen siendo víctimas, y también solicitan una audiencia con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, piden una investigación libre de presiones, para que realmente se haga justicia en sus casos, debido a la gran cantidad de personas afectadas por este perverso sistema montado con la complicidad aparente de empresas de cobranzas, abogados, funcionarios y hasta jueces, con el objetivo de despojar de sus haberes a jubilados y funcionarios del Estado pertenecientes a distintas instituciones.
Mencionan que existen más de 17.000 personas que han sido víctimas del esquema y que incluso muchos se han quitado la vida ante el hostigamiento de sus acreedores, quienes han reclamado en más de una oportunidad un mismo pagaré.
El Ministerio Público indaga un gigantesco esquema de fraude que, aparentemente, se montó en varios Juzgados de Paz de la capital. Existen cerca de 70 personas procesadas por este caso, entre ellas jueces, exjueces, funcionarios, ujieres, abogados y hasta dueños de casas de cobro, por su presunta participación en este esquema delictivo.
Si bien las causas en el fuero penal persiguen el castigo de los supuestos autores del fraude, los afectados buscan mayor celeridad en los juicios ejecutivos tramitados en los Juzgados de Paz para suspender los descuentos, ya que el perjuicio persiste para algunas de las víctimas.
La imputación fue formulada por prevaricato, en calidad de autores, y por producción de documentos, en calidad de cómplices, contra los jueces Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, entre otros.
Desde la Comisión Especial del Senado, que también investiga los hechos relacionados con este caso y brinda asesoría a las víctimas, se adelantó que podría ampliarse la denuncia en el ámbito penal contra instituciones que generan trabas a la hora de suspender los descuentos. Mientras tanto, la facilidad para ejecutar más de un descuento sobre los haberes por ejemplo, de jubilados se realiza únicamente mediante una planilla de Excel.
Igualmente, este caso ha generado que la Corte Suprema de Justicia presente dos proyectos legislativos con el fin de poner freno a este mecanismo de estafa, como medida para dar solución al problema que ha surgido en el seno mismo de la justicia.
