El ministro Víctor Ríos alertó sobre la trágica situación que afecta a los casos relacionados con el medio ambiente. Esta situación podría deberse al desconocimiento de la ley o a la existencia de una complicidad entre magistrados y fiscales que son flexibles ante casos alevosos de daño ambiental.
La autoridad lamentó que se busquen salidas procesales benignas para conductas tan dañinas con el medio ambiente. Denunció que existe un patrón común entre los agentes fiscales que llevan estos procesos por hechos punibles contra el medio ambiente, los cuales terminan sin un castigo ejemplar.
Añadió que los fiscales llegan a la audiencia preliminar y, ante un planteamiento de la defensa, cambian la calificación jurídica sin ningún sustento, con el fin de favorecer a los procesados por estos hechos punibles que impactan en la vida presente y futura de las personas.
Alertó sobre esta situación, que considera sumamente grave, y pidió a sus colegas adoptar las medidas correctivas del caso, no solo respecto a los jueces que ya soportan una investigación de la Corte, sino también respecto a los fiscales que desconocen la ley o que directamente son cómplices del daño ambiental latente en nuestro país.
Dijo que los casos de deforestación masiva son los procesos más infestados por este patrón de conducta de fiscales y jueces permisivos con la violación de la norma ambiental, generando un daño irreparable que se pretende solucionar con «regalitos».
“Se observa un patrón de comportamiento en una infinidad de casos, que vamos a presentar aquí. En un caso reciente en el Chaco, Miguel Antonio Bibolini Barriocanal y Nicole Bibolini protagonizaron una deforestación de 3.000 hectáreas, y se repitió el mismo modus operandi: se modificó la acusación para otorgar la suspensión condicional del procedimiento.
Hay casos muy alevosos. Ya no se trata de la autonomía interna del magistrado: o es ignorancia de la ley, claramente, o es complicidad. Están destruyendo al Paraguay a cambio de regalitos en escuelas o multas, penas irrisorias”, subrayó el ministro.
Otro aspecto importante y agravante es que los magistrados designan a los propios acusados como asesores de prueba, para que controlen el cumplimiento de lo que el procesado se ha comprometido a hacer.
Ríos dijo que es una burla la forma en que los operadores de justicia están manejando los procesos penales ambientales, con un gran impacto en la vida y la salud de las personas.
Como una de las medidas, la Corte urge establecer una mesa de trabajo con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien necesariamente debe trabajar con sus fiscales en mejorar la política criminal relacionada con los casos de medio ambiente, que terminan con la impune destrucción del entorno natural.
