Wilfrido Cáceres enfrenta audiencia preliminar por enriquecimiento ilícito

Arrancó la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, exdirector financiero de Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos. La diligencia se desarrolla ante el juez Rodrigo Estigarribia, quien debe decidir si eleva el caso a juicio oral.

El fiscal Piñánez ratificó la acusación y pidió que la causa pase a juicio oral, ya que considera que las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público son sólidas.

En su momento, el Ministerio Público allanó la lujosa vivienda del funcionario municipal Wilfrido Cáceres, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas durante la pandemia de COVID‑19, y era considerado hombre de confianza del entonces intendente Óscar Rodríguez.

Cáceres fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos, los cuales intentó ocultar, según el Ministerio Público.

Su esposa, Ruth Da Silva, fue acusada de lavado de dinero, al igual que su secretaria Camila Ramírez. Ambas habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, en una operación realizada de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. El matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para encubrir bienes que no podían justificar con sus salarios. Sin embargo, la diligencia respecto a ellas quedó pospuesta, ya que una de ellas cambió de abogado y la otra no se presentó.

Según los antecedentes del caso, Ruth Da Silva compró dos terrenos en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo, por valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la construcción y, poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a Camila Ramírez por la misma suma. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside allí con comodidades ostentosas.

El relato fiscal detalla que Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondientes al período 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021).

Según lo determinado por la CGR, existe inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría. Esto motivó un análisis de correspondencia por parte del ente contralor, que concluyó que no hay coherencia entre los bienes declarados y los ingresos de Cáceres y su esposa, tras cruzar las declaraciones juradas con información de entidades públicas y privadas.

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