La posible salida masiva de jueces, fiscales y defensores públicos, ante el avance de la reforma de la Caja Fiscal encendió la alarma en la Corte Suprema de Justicia. El ministro Víctor Ríos expresó públicamente su preocupación por las consecuencias que podría acarrear una eventual renuncia colectiva de operadores del sistema judicial.
“Preocupa a la Corte la posible masiva renuncia de los operadores de justicia”, afirmó Ríos al referirse al clima de incertidumbre que se vive en el sector. El ministro recordó que la propia Corte ya había advertido sobre el impacto directo que una situación de esta naturaleza tendría en la prestación del servicio de justicia y, en consecuencia, en la ciudadanía.
Ríos fue enfático al dimensionar el alcance del problema: incluso si solo un 10% de los jueces y fiscales decidiera renunciar, el efecto sería profundo. Explicó que cubrir las vacancias no es un proceso inmediato, ya que implica concursos, designaciones y trámites administrativos que demandan tiempo. A ello se suma que el interinazgo —la cobertura provisoria de cargos— no puede extenderse de manera permanente sin resentir la estabilidad y calidad del servicio.
El ministro subrayó que el sistema judicial requiere continuidad y previsibilidad, por lo que cualquier movimiento abrupto en su estructura humana repercute directamente en la resolución de causas, audiencias y procesos en curso. En ese contexto, reiteró que la preocupación no es corporativa, sino institucional, debido al efecto que tendría en miles de usuarios del sistema de justicia.
Ante este escenario, Ríos indicó que se analizan diversas alternativas para mitigar la problemática que genera inquietud en los altos exponentes del Poder Judicial. Entre las posibilidades mencionadas, recordó que ya existe una propuesta de creación de una Caja Fiscal propia para los operadores de justicia, administrada bajo un modelo similar al de otros países.
Según explicó, la idea sería que los fondos puedan ser gestionados de manera técnica y eficiente, generando rendimientos que permitan multiplicar su valor en el tiempo y garantizar que cada aportante reciba su jubilación en el futuro. Esta opción apunta a brindar mayor previsibilidad y confianza al sector, en medio del debate sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Mientras el proyecto continúa su curso legislativo, la advertencia del ministro deja en claro la magnitud del riesgo que, a criterio de la Corte, podría enfrentar el sistema judicial si se concreta una salida significativa de sus operadores.
