Este lunes, un grupo de personas afectadas por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” volvió a manifestarse frente al Palacio de Justicia para exigir respuestas más ágiles que permitan suspender los descuentos compulsivos de sus haberes, de los cuales continúan siendo víctimas.
Los manifestantes fueron recibidos por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, quien escuchó sus reclamos y se comprometió a dar seguimiento a las inquietudes planteadas.
Las víctimas piden que la Corte implemente mecanismos eficaces y urgentes para acelerar los procesos judiciales que permitan frenar los embargos indebidos, en lugar de mantener un sistema que, según denuncian, sigue favoreciendo la continuidad de las irregularidades.
Esta causa afecta a miles de personas que fueron perjudicadas por un sistema fraudulento presuntamente articulado con la participación de empresas de cobranzas, abogados, funcionarios judiciales e incluso jueces, cuyo objetivo habría sido despojar de sus ingresos a jubilados y empleados públicos de diversas instituciones del Estado.
De acuerdo con las denuncias, más de 17.000 personas habrían sido víctimas de este entramado delictivo. Algunas, incluso, se habrían quitado la vida como consecuencia del acoso constante de los supuestos acreedores, quienes en muchos casos reclamaban reiteradamente el cobro de un mismo pagaré.
El Ministerio Público investiga un amplio esquema de fraude judicial y financiero que habría operado principalmente en Juzgados de Paz de la capital. Hasta el momento, alrededor de 70 personas están procesadas por su presunta implicancia, entre ellas jueces, exjueces, funcionarios, ujieres, abogados y propietarios de casas de cobro.
Si bien las causas penales avanzan con el objetivo de sancionar a los responsables del fraude, los afectados insisten en que la prioridad debe ser la celeridad de los procesos ejecutivos en los Juzgados de Paz, para detener los descuentos que aún hoy continúan afectando a muchas víctimas.
En el ámbito judicial, la imputación incluye cargos por prevaricato, en calidad de autores, y por producción de documentos no auténticos, en calidad de cómplices. Entre los procesados figuran los jueces Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, entre otros.
Desde la Comisión Especial del Senado, que también investiga el caso y brinda acompañamiento legal a los afectados, se adelantó que podrían ampliarse las denuncias penales contra instituciones que obstaculizan la suspensión de los descuentos. En varios casos, los descuentos múltiples aplicados a jubilados se ejecutan de manera precaria, incluso mediante simples planillas de Excel, lo que evidencia la falta de control institucional.
El escándalo ha impulsado a la Corte Suprema de Justicia a presentar dos proyectos legislativos con el propósito de cerrar los vacíos legales que permitieron el funcionamiento de este esquema de estafa, y ofrecer una solución definitiva a un problema que se originó, según admiten las propias autoridades, en el seno mismo del sistema judicial.
