La viceministra de la Niñez, Verónica Arguello, advirtió sobre las responsabilidades legales que enfrentan las autoridades educativas que no adopten medidas ante denuncias de acoso escolar. Sus declaraciones surgieron luego de que el Ministerio Público imputara a una persona por un caso de bullying que no fue atendido de manera oportuna.
“En Paraguay contamos con una ley especial, la Ley 4633, promulgada en 2012, que establece el procedimiento para los casos de acoso escolar”, explicó Arguello. La normativa aplica a todo el sistema educativo, tanto público como privado y privado subvencionado.
La viceministra aclaró que es importante diferenciar violencia puntual de acoso escolar, ya que este último se define como violencia reiterada y sistemática entre pares dentro del ámbito escolar. “A veces se escucha el término ‘bullying’ en otros contextos, como el laboral, pero su uso correcto se refiere específicamente a la violencia persistente entre estudiantes dentro del ámbito educativo”, señaló.
Arguello destacó que, según la ley, el ámbito escolar no se limita al edificio educativo, sino que incluye actividades extracurriculares y situaciones donde los estudiantes pueden ser identificados por su uniforme, incluso fuera del recinto escolar. “Lamentablemente, en nuestro país ya se han registrado peleas entre alumnos de diferentes instituciones en la vía pública, pero que se consideran acoso escolar cuando se puede identificar a los involucrados a través del uniforme”, indicó.
Además, la normativa establece que cada institución debe contar con normas de convivencia y protocolos internos para abordar estos casos, reforzando la obligación de los responsables de garantizar la seguridad y protección de los estudiantes,concluyó la viceministra Arguello.
Las autoridades que no actúen ante denuncias de acoso escolar pueden enfrentar consecuencias penales. Por ello, es fundamental que cada institución tenga procedimientos claros y capacite a su personal para responder de manera adecuada ante este tipo de escenarios.
