Ada Liz Da Rosa Franco, esposa del expolicía Roberto Osorio ambos condenados por hechos de corrupción en el sonado caso conocido como “Vales de Combustible”, obtuvo el beneficio de la libertad condicional, tras cumplir parte de su condena en prisión.
Da Rosa había sido sentenciada a cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad por lavado de dinero, dentro del proceso que también involucró a su esposo, quien continúa recluido cumpliendo una condena de ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar más de G. 776 millones, según la acusación del Ministerio Público.
La jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer fue quien resolvió hacer lugar al pedido de libertad condicional, al constatar que la condenada cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio. La medida fue dispuesta con algunas reglas como la comparecencia de la mensual de la beneficiada ante juzgado hasta la fecha límite de cumplimiento de la pena.
En el mismo expediente fue condenado también el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar en su patrimonio más de G. 1.183 millones. En su caso, la justicia rechazó recientemente el pedido de libertad condicional, por lo que el exjefe policial permanece recluido en la Agrupación Especializada.
De acuerdo con el cómputo judicial realizado por el juez de Ejecución Carlos Luis Mendoza, Alvarenga cumplirá totalmente su condena el 2 de noviembre de 2026. Si bien ya se encuentra en condiciones de solicitar beneficios penitenciarios, deberá someterse previamente a un tratamiento psicológico y a programas de reinserción social, con el objetivo de evaluar su grado de comprensión sobre el daño patrimonial causado al Estado.
El magistrado había señalado en su momento que, para acceder a una eventual libertad transitoria o condicional, el excomandante “debe demostrar que ha asumido responsabilidad y comprendido el impacto de sus acciones, de modo a poder reinsertarse en la sociedad como un agente de cambio”.
La justicia determinó en el juicio que Alvarenga no pudo justificar el aumento de su patrimonio entre los años 2005 y 2015, periodo en el que se constató la adquisición de bienes inmuebles incompatibles con sus ingresos como funcionario público. El tribunal concluyó que su conducta fue dolosa y constituyó un grave atentado a la función pública.
La entonces presidenta del tribunal de sentencia, Yolanda Portillo, había calificado el comportamiento del excomandante como “un mal ejemplo para los funcionarios que ejercen su labor con rectitud”.
Además de la condena de seis años de prisión, el tribunal integrado por las magistradas Elsa García y Yolanda Morel junto a Portillo dispuso la prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años y ordenó el comiso especial de bienes inmuebles hasta cubrir la suma de G. 1.000 millones.
