Un 60% de acatamiento en la huelga de funcionarios judiciales

Según estimó Porfiria Ocholasky, los primeros días de la huelga de los funcionarios judiciales registra un acatamiento del 60% en todas las circunscripciones del país, y se espera que la adhesión alcance el 80% a partir del próximo lunes.

La medida de fuerza comenzó el este jueves 20 de noviembre con un cese parcial de actividades de una hora, de 07:00 a 08:00. Este viernes, la suspensión se extiende de 07:00 a 10:00, y el lunes se prevé que se prolongue de 07:00 a 12:00.

El martes, los trabajadores se concentrarán frente al Congreso Nacional a las 11:00, coincidiendo con el tratamiento del proyecto de reajuste salarial.

Ocholasky explicó que, de aprobarse la propuesta, aproximadamente 4.000 funcionarios pasarán a percibir al menos el salario mínimo vigente. Recordó además que el sector lleva 15 años sin un incremento salarial, una situación que calificó de “insostenible e injusta”.

La huelga afecta a todas las sedes judiciales del país, con el objetivo de visibilizar un reclamo salarial que, según el gremio, ha sido postergado de manera sistemática.

El pedido incluye a actuarios, ujieres, dactilógrafos, oficiales de secretaría y personal administrativo, considerados esenciales para el funcionamiento del sistema judicial, pero que en muchos casos perciben salarios por debajo del mínimo legal.

El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados y respaldado por ministros de la Corte Suprema de Justicia, busca corregir la profunda inequidad salarial que afecta a aproximadamente 11.000 funcionarios judiciales, quienes no han recibido actualización de sus haberes desde hace más de una década.

Para financiar el reajuste, la propuesta plantea reasignar recursos originalmente destinados a obras públicas, con un costo fiscal estimado en G. 32.000 millones, que se aplicaría durante el último trimestre de 2026.

Los funcionarios han adoptado la medida de fuerza para exigir un reajuste en sus remuneraciones que no experimenta una suba desde hace casi 15 años. Consideran que el costo de vida no les permite detener una vida digna.

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