Esta semana marca la última etapa de la feria judicial, periodo que llega a su conclusión para dar paso al inicio formal del año judicial en los tribunales de todo el país, con la reactivación plena de las actividades jurisdiccionales a partir de febrero.
La feria judicial de este año presentó un escenario poco habitual, ya que, lejos de una paralización casi total de la actividad, se desarrollaron numerosos juicios orales, especialmente en causas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico y otros delitos complejos. La continuidad de estos procesos respondió a su alta sensibilidad social y a la necesidad de evitar dilaciones en expedientes de gran impacto.
Con el levantamiento del receso judicial, se espera un incremento significativo del movimiento en juzgados y tribunales, así como la reanudación de audiencias, plazos procesales y trámites administrativos que habían quedado suspendidos. Este retorno a la actividad plena se dará en un contexto marcado por altos niveles de litigiosidad, causas acumuladas y una fuerte demanda de respuestas rápidas y eficientes por parte del sistema de justicia.
En el plano institucional, febrero traerá además definiciones relevantes. Está prevista la renovación de autoridades de la Corte Suprema de Justicia, proceso que incluirá nuevamente la elección del ministro Alberto Martínez Simón, en un momento clave para la conducción del Poder Judicial y la definición de lineamientos estratégicos.
No obstante, los desafíos persisten tanto en los más altos órganos judiciales como en las instancias inferiores. Entre ellos se destacan la necesidad de fortalecer la independencia judicial, mejorar los mecanismos de transparencia, agilizar los procesos y reducir la mora judicial. A esto se suman las limitaciones estructurales que enfrentan muchos juzgados del interior del país, como la falta de recursos humanos, infraestructura adecuada y herramientas tecnológicas suficientes.
En el ámbito penal, el avance de causas complejas vinculadas al crimen organizado continúa poniendo a prueba la capacidad operativa del sistema, mientras que en fueros civiles, laborales y de familia persiste la demanda de una justicia más accesible, cercana y oportuna para la ciudadanía.
De esta manera, el inicio del año judicial se presenta con una agenda cargada de retos, marcada por la continuidad de procesos sensibles, la necesidad de reformas estructurales y el desafío permanente de fortalecer la confianza pública en la administración de justicia.
