El juicio oral y público contra el senador colorado Erico Galeano prosiguió este lunes con el análisis de pruebas documentales, en el marco de las audiencias que se desarrollan con normalidad durante la feria judicial. En la jornada, el agente fiscal Deny Yoon Pak avanzó con la lectura de documentos admitidos como elementos probatorios en la causa.
Entre los documentos examinados se encuentran el acta de allanamiento realizado por el Ministerio Público en el Club Deportivo Capiatá en el año 2022, así como los detalles de las condiciones contractuales vinculadas al futbolista Sebastián Marset con la citada institución deportiva.
Galeano enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, por su presunta colaboración con la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
De acuerdo con la acusación fiscal, el legislador habría facilitado su aeronave a los líderes de la organización para desplazamientos dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos a cambio de dicha colaboración. Asimismo, se lo señala por la supuesta simulación de la venta de su vivienda ubicada en el complejo Aqua Village por un monto de USD 1 millón, a favor de Insfrán.
“El acusado no solo estuvo vinculado con la organización criminal mediante el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes, entre ellos Sebastián Enrique Marset Cabrera, un medio de transporte de su propiedad para movilizarse dentro del país”, sostiene parte del escrito de acusación leído durante la audiencia.
Según el Ministerio Público, la participación de Galeano habría sido sostenida en el tiempo y no un hecho aislado, en el marco de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos.
La causa se desprende del operativo A Ultranza PY, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia del Paraguay, desarrollado con la cooperación de organismos internacionales como la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Este operativo permitió desarticular una estructura criminal con ramificaciones internacionales y derivó en la incautación de bienes por más de USD 150 millones, actualmente administrados por la Senabico.
El Tribunal de Sentencia está integrado por el magistrado Pablino Barreto, en carácter de presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos como miembros. Las partes fueron convocadas para reanudar la audiencia el próximo 29 de enero, a las 9:00 horas.
