Tras masivo traslado de condenados al penal de Minga Guazú, inicia proceso de formación de PPL

Luego del Operativo Umbral, el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, busca convertirse en una cárcel modelo en reinserción social, en el marco del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria impulsado por el Ministerio de Justicia.
 
Para ello, se ha iniciado el proceso integrando formación técnica, capacitación profesional y vinculación con el sector productivo para lograr los objetivos deseados.
 
Al respecto, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social, dio un paso importante para la consolidación de este modelo con una reunión estratégica junto al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y a la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP).
 
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del SNPP, con el fin de establecer líneas de acción concretas para la formación y capacitación técnica de las personas privadas de libertad.
 
Esta iniciativa se inscribe en una política penitenciaria centrada en la reinserción, el respeto de los derechos humanos y la generación de oportunidades reales de desarrollo personal y profesional.
 
El Operativo Umbral permitió la separación efectiva de las personas condenadas de las procesadas. Hoy, Minga Guazú se consolida como un espacio propicio para la implementación de programas laborales y educativos de alto impacto, enfocados en reintegrar a las personas privadas de libertad, en lugar de que sean reincidentes o clientes permanentes del sistema penitenciario.
 
Según el reporte del Ministerio de Justicia, tras el último traslado masivo realizado en el marco del Operativo Umbral, se utilizó el 70 % de la capacidad de este centro penitenciario.
 
El penal, considerado de máxima seguridad, alberga a un total de 889 personas condenadas, lo que constituye el mayor traslado en la historia del sistema penitenciario.
 
Participaron de la reunión Rosalía González, directora de Bienestar y Reinserción Social; José Cogliolo, director general del SNPP; Carina Daher, presidenta de CEMAP; y Ana Morales, del área de Educación del Ministerio de Justicia.
 
Las autoridades coincidieron en la necesidad de una articulación público-privada que fortalezca las competencias laborales de las personas privadas de libertad, generando herramientas concretas para su inclusión social y laboral.
 
Esta visión busca que estas personas accedan a empleos dignos y sostenibles una vez cumplida su condena, rompiendo ciclos de exclusión.