El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de sueldo de dos funcionarias de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de San Lorenzo, tras la detección de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La medida fue adoptada, atendiendo a la gravedad de los hechos investigados y a la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de un servicio considerado prioritario por la naturaleza de los casos que atiende.
De acuerdo con los antecedentes, las funcionarias habrían incurrido en conductas incompatibles con sus responsabilidades laborales, al encontrarse en una especie de “momento de spa” durante el horario de trabajo y dentro de la propia oficina, espacio destinado a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
Ante esta situación, la máxima instancia de supervisión del Poder Judicial resolvió iniciar una investigación formal con el objetivo de determinar responsabilidades. El proceso busca la averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados, en el marco de las facultades disciplinarias de la institución.
Como parte de las medidas adoptadas, también se designó a una jueza instructora para llevar adelante el sumario, mientras que la suspensión preventiva regirá durante el desarrollo del proceso o hasta que se dicte una resolución definitiva.
Desde el Consejo de Superintendencia señalaron que estas acciones responden a la necesidad de preservar la integridad del servicio de justicia y asegurar que las dependencias encargadas de asistir a víctimas operen con la seriedad, responsabilidad y compromiso que la función exige.
