La Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad suspender sin goce de salario a la agente fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete, quien está imputada por un presunto pedido de coima de G. 30.000.000 a uno de los imputados por el crimen de la joven María Fernanda, quien fue asesinada y posteriormente quemada en un baldío.
Según explicó el ministro Ramírez Candia, la fiscal mantenía una relación previa con la madre del imputado, ya que fueron compañeras, situación que habría facilitado el inicio de conversaciones orientadas a negociar el caso y ofrecer una salida favorable al procesado a cambio de dinero. A raíz de esta denuncia, el Ministerio Público puso en marcha un operativo de entrega vigilada.
Para los ministros integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Ramírez Candia y César Garay, la sospecha que pesa sobre la agente fiscal es de extrema gravedad, por lo que consideraron que la medida adecuada no solo era la suspensión en el cargo, sino también evitar que continúe percibiendo sus haberes.
Gloria Rojas fue imputada por el Ministerio Público por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado, tras haber solicitado dinero para beneficiar a un procesado en la causa a su cargo.
El relato fiscal señala que el abogado Juan Carlos Bedoya, también imputado en la causa, habría sido el encargado de solicitar el dinero por instrucción de la fiscal Gloria Rojas, con el objetivo de conceder el beneficio a uno de los imputados en el caso María Fernanda.
De acuerdo con la denuncia presentada, el 19 de noviembre de 2025, la víctima relató que fue contactada por un conocido para transmitirle un supuesto pedido de dinero realizado por un funcionario del Ministerio Público, con la intermediación del abogado ahora imputado. Según la versión del denunciante, el pago tenía como finalidad asegurarle una salida procesal menos gravosa en la causa penal en la que se encuentra imputado y actualmente acusado.
Inicialmente, se le habría comunicado que debía entregar G. 25.000.000, más G. 1.000.000 en concepto de “donación”. Sin embargo, al día siguiente, 20 de noviembre de 2025, el abogado informó que el monto exigido se incrementaba en G. 5.000.000, totalizando G. 30.000.000, además del millón de guaraníes destinado a la supuesta donación.
El caso cobra especial relevancia por tratarse de uno de los hechos de feminicidio más crueles registrados en 2025, y porque, según la investigación, integrantes del Ministerio Público habrían buscado un beneficio económico, en lugar de garantizar justicia por la muerte de la joven María Fernanda.
