Tras la última imputación a la abogada Zully Ortiz, por amenaza y coacción, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la matrícula de la profesional del derecho quien ya cuenta con una imputación anterior por estafa dentro del esquema conocido como la mafia de pagarés. Igualmente la CSJ, abrió un sumario administrativo a la letrada.
El Ministerio Público amplió la lista de personas imputadas en una causa vinculada a amenazas y hechos de coacción contra un periodista.
La causa está a cargo de la fiscala Ruth Karina Benítez, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, quien impulsa la investigación tras una denuncia presentada por Carlos Benítez director de El Observador. El comunicador señaló haber sido blanco de persecución sistemática a través de redes sociales, con el objetivo de frenar o condicionar la labor periodística sobre hechos de interés público.
Según los elementos reunidos por la Fiscalía, las amenazas habrían sido realizadas mediante perfiles falsos y cuentas anónimas, utilizadas de manera reiterada para generar presión psicológica y amedrentar tanto al denunciante como a integrantes de su equipo de trabajo.
Durante los procedimientos realizados, los investigadores incautaron una importante cantidad de pagarés en blanco, varios de ellos firmados y con montos ya establecidos, además de numerosos documentos con firmas coincidentes, lo que refuerza la hipótesis de un esquema organizado de extorsión.
La fiscala Benítez resaltó que una de las nuevas imputadas ya contaba con antecedentes dentro de la misma causa, incluyendo imputaciones previas y una acusación en curso, lo que evidencia según el Ministerio Público la persistencia de la conducta investigada.
En el transcurso del operativo, una de las implicadas habría intentado entorpecer el trabajo fiscal, motivo por el cual se remitieron los antecedentes al juzgado competente ante una posible desobediencia a la autoridad.
Atendiendo a la gravedad de los hechos, los antecedentes procesales y el riesgo de obstrucción, la Fiscalía solicitó la aplicación de la prisión preventiva para las imputadas, que ya fue resuelto por el juez del caso José Agustín Delmás. La investigación continúa abierta y el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para presentar su requerimiento conclusivo. Situación que ha motivado a la Corte a tomar la medida de suspender la matrícula de la abogada sospechada y traer a la vista los demás legajos de abogados para adoptar la misma medida.
