El caso conocido como la «mafia de los pagarés» suma como nuevo acusado al juez de Paz de La Catedral, Gustavo Villalba, contra quien el Ministerio Público presentó una acusación formal, al vincularlo con la presunta emisión irregular de resoluciones judiciales que permitieron el despojo de haberes y jubilaciones a ciudadanos que ni siquiera fueron notificados de los procesos en su contra.
La investigación, liderada por los fiscales Leonardi Guerrero y Jorge Arce, sostiene que Villalba habría participado en un esquema previamente detectado en otros juzgados, en el cual se simulaba el cumplimiento de notificaciones en juicios ejecutivos, permitiendo así avanzar con las demandas a espaldas de los demandados, sin posibilidad de ejercer su defensa.
Según el Ministerio Público, en al menos 88 expedientes tramitados en el juzgado de Villalba se asentaron de forma falsa notificaciones inexistentes, asegurando que los afectados no comparecieron a reconocer firmas, lo que habilitaba la continuidad automática de las acciones judiciales.
Junto al juez, también fueron imputados su actuario judicial, Aaron Valdez; tres ujieres, Osvaldo Insfrán, Jorge René Montiel; así como el abogado Alejandro Valiente, quien habría impulsado las demandas en nombre de la empresa Credisolución SAECA; y el oficial de justicia Ronald Navarro. Todos ellos enfrentan cargos en el marco de esta causa, que ya cuenta con más de 60 imputados.
Los hechos atribuidos a los involucrados incluyen los delitos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos falsificados. La Fiscalía sostiene que las actuaciones de los ahora acusados revestían solo una apariencia de legalidad, ya que en la práctica los procesos se desarrollaban sin que los deudores fueran notificados ni tuvieran conocimiento de las demandas.
Uno de los episodios más graves involucra al oficial de justicia Ronald Navarro, quien habría informado la ejecución de embargos en cuatro expedientes distintos, en ciudades diferentes, pero a la misma hora, lo que evidencia una presunta falsedad documental.
La acusación también sostiene que los tres ujieres notificadores elaboraban informes falsos sobre diligencias que nunca se realizaron, mientras que el oficial de justicia reportaba ejecuciones e intimaciones de pago simuladas, todo esto con el conocimiento pleno del abogado Alejandro Valiente, quien habría coordinado las maniobras para facilitar el avance de los juicios, según la fiscalía.
La causa será tramitada por el juez penal Humberto Otazú, quien deberá resolver sobre la admisión de la acusación y convocar a audiencia preliminar donde se debatirá el pedido de elevar el caso a juicio oral y público.
