Los funcionarios del Poder Judicial volverán a movilizarse este jueves frente al Congreso Nacional, en coincidencia con el tratamiento en el Senado del proyecto que plantea un aumento salarial largamente postergado. El sector, que desde la semana pasada mantiene un paro escalonado, confía en que la Cámara Alta ratifique lo aprobado previamente en Diputados y habilite el reajuste que esperan desde hace 14 años.
Porfiria Ocholasky, una de las voceras del gremio, adelantó que para esta jornada prevén un acatamiento cercano al 80%. Explicó que, de prosperar la propuesta, alrededor de 4.000 trabajadores pasarán a percibir al menos el salario mínimo vigente, un paso que, recordó no se logra desde hace cerca de 15 años. Calificó la situación salarial del sector como “insostenible e injusta”.
La medida de fuerza afecta a sedes judiciales de todo el país y busca llamar la atención sobre un reclamo que, afirman, ha sido ignorado de manera sistemática. El pedido abarca a actuarios, ujieres, dactilógrafos, oficiales de secretaría y administrativos: personal clave para el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia, pero que en numerosos casos cobra incluso por debajo del mínimo legal.
En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, los ministros Gustavo Santander y Eugenio Jiménez Rolón manifestaron públicamente que acompañan el legítimo reclamo de los funcionarios que tienen el salario estancado por más de 10 años.
El proyecto, ya aprobado por Diputados y respaldado públicamente por ministros de la Corte Suprema de Justicia, pretende corregir la fuerte brecha salarial que golpea a unos 11.000 funcionarios judiciales, quienes no han tenido reajustes en más de una década.
Para financiar la actualización, se plantea una reasignación de recursos originalmente destinados a obras públicas, con un impacto fiscal estimado en G. 32.000 millones durante el último trimestre de 2026.
Los trabajadores insisten en que el costo de vida hace tiempo superó su capacidad adquisitiva, y sostienen que el reajuste no es un privilegio, sino una necesidad para mantener condiciones mínimas de dignidad.
