Esta semana se prevé el inicio del juicio oral y público a los abogados José María Galeano y Federico Arce, acusados por el Ministerio Público por el supuesto delito de usurpación de funciones públicas, tras una notificación de demanda realizada al diputado Yamil Esgaib, quien, posteriormente, presentó una denuncia contra personas innominadas.
Tanto los profesionales afectados como su defensa sostienen que el caso podría sentar un precedente nefasto para el ejercicio de la abogacía en Paraguay, ya que afirman se está criminalizando una práctica profesional legítima y habitual dentro del ámbito judicial.
El abogado Federico Arce, uno de los acusados, manifestó a Judiciales Net que, “estamos convencidos de que no se configuran los elementos del delito que se nos atribuye. Dentro del proceso vimos claramente que se nos persigue por una supuesta usurpación de funciones públicas, un delito que no existe en los hechos. No sé cómo calificar la actuación del fiscal Grisetti; todo esto se le fue de las manos, nos imputó por algo infundado”.
Arce agregó que le sorprende que el agente fiscal Giovanni Grisetti haya impulsado un proceso penal con tales características, dado que el tipo penal invocado no cumple los requisitos mínimos para configurar el hecho punible. Advirtió además que resulta “sumamente grave” que se encuentren expuestos a una posible condena como consecuencia de una actuación que forma parte del ejercicio cotidiano de la profesión.
El profesional subrayó que este juicio podría abrir un peligroso precedente para todos los abogados litigantes, pues los actos por los cuales se los procesa como la realización de notificaciones, son prácticas habituales en los procesos civiles, donde en muchas ocasiones el impulso procesal depende de las propias partes o de sus representantes legales.
Tras la publicación de este caso, la Asociación de Abogados Civilistas del Paraguay expresó su profunda preocupación por la acusación presentada por el Ministerio Público contra los abogados Federico Arce y José María Galeano, procesados por el supuesto hecho punible de usurpación de funciones públicas tras realizar actos propios del ejercicio profesional en un juicio civil.
De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, la imputación se sustenta en que los profesionales habrían presentado una nota de embargo ejecutivo contra los ingresos de un diputado nacional, lo cual según la Fiscalía sería competencia exclusiva de los oficiales de justicia. Sin embargo, el gremio sostiene que este tipo de diligencias se encuentran plenamente amparadas por el derecho procesal civil vigente, dentro de las facultades de los abogados patrocinantes.
El comunicado también cuestiona la calificación penal utilizada por el Ministerio Público, señalando que los oficiales de justicia no son funcionarios públicos, conforme lo establecen la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” y la Ley N.º 1626/2000, que regía al momento de los hechos. Por tanto, consideran que la acusación debió tramitarse en el ámbito civil y no a través de una persecución penal.
Asimismo, la organización gremial denunció lo que calificó como una “extraña celeridad” en el avance del proceso y alertó sobre un contexto de indefensión para los abogados involucrados. “Estamos ante una peligrosa tendencia que busca intimidar a los profesionales del derecho por cumplir con su función”, advierte el texto.
