El expediente llega con la palabra que inclina cualquier balanza: urgencia. Hay un diagnóstico, un tratamiento indicado y la advertencia de que el tiempo puede ser determinante. Del otro lado del escritorio, el juez tiene pocos días para resolver. Con esa presión, la respuesta suele ser una sola.
Pero puertas adentro de los tribunales empezó a crecer una inquietud que ya no se dice en voz baja.
El debate no surgió de la nada. En un reciente dossier, Judiciales.net expuso cómo la multiplicación de acciones para acceder a medicamentos comenzó a tensionar al sistema. A partir de esa radiografía, emergen ahora las voces de quienes deben decidir con el expediente sobre la mesa.
La jueza Lici Sánchez lo plantea sin eufemismos: “Aquí se desvirtuó la esencia del amparo”.
Recuerda que la Constitución habla de un proceso excepcional. “Excepcional quiere decir que no es lo normal”, enfatiza. “Es para frenar un acto arbitrario que pone en peligro un derecho fundamental”. Sin embargo, el volumen de casos transformó esa naturaleza.
En su despacho, cuenta, se repite una escena difícil de administrar. Llegan recetas, historias clínicas y advertencias sobre consecuencias irreparables. “Cuando se invoca la vida del ciudadano, el juez naturalmente concede”, admite.
Pero inmediatamente agrega el reverso del problema. “Muchas veces no tenemos la información mínima para saber exactamente qué estamos ordenando”.
Sánchez enumera las dudas que quedan abiertas al momento de firmar. “Yo no sé si ese medicamento está disponible en el país. No sé si está autorizado. No sé si fue evaluado por instancias técnicas ni si hay alternativas”, detalla.
Las prescripciones, dice, suelen incluir marcas comerciales precisas y cantidades que exceden lo que ella considera una respuesta de urgencia. “Eso no lo tengo como juez”, remarca. “Y sin embargo, tengo que dictar sentencia”.
Para la magistrada, ahí aparece una distorsión profunda. “El amparo fue pensado para apagar el incendio inmediato”, explica. “No para resolver la salud de una persona por uno, dos o tres años”. Pero la práctica empuja hacia ese terreno.
Buscando mayor claridad, comenzó a exigir datos complementarios. Entonces aparecieron los números. “Cuando pedís los precios, te caés de espalda”, grafica. Habla de comprimidos con valores extraordinarios, frascos con pocas unidades, medicamentos que ni siquiera se comercializan localmente y que deben ser importados.
Eso la lleva a otra inquietud. “Si no está autorizado en el país, ¿qué significa que yo ordene comprarlo?”, se pregunta. “¿Quién garantiza la seguridad? ¿Dónde queda la responsabilidad?” Y vuelve a insistir: “Nada de eso me dicen en el amparo”.
A pesar de esas dudas, el plazo judicial no se detiene. “El juez interviene cuando el conflicto ya explotó”, describe. “Y el margen de análisis es mínimo”. Entonces lanza la frase que resume su preocupación: “Estamos dando amparos a ciegas”.
La jueza aclara que detrás de cada expediente hay situaciones humanas dramáticas. Pacientes que vendieron bienes, que peregrinaron por oficinas, que llegan a la Justicia cuando ya no encuentran otra salida. “Eso pesa”, reconoce. Pero advierte que comprender esa urgencia no debería impedir revisar cómo se construye el camino que desemboca en el tribunal. “Si la información aparece recién después de la sentencia, algo previo está fallando”.
Sánchez habla desde la experiencia de quien concede. “Yo firmo, yo asumo el impacto”, subraya. Y precisamente por eso insiste en la necesidad de recuperar el carácter extraordinario del amparo. “Cuando lo excepcional se vuelve regla, el sistema empieza a crujir”, advierte.
Para la magistrada, el debate no es contra la herramienta. Es sobre su funcionamiento en un contexto donde la cantidad de casos supera la capacidad de respuesta y obliga a decidir con premura. La Justicia actúa rápido, pero —según su definición— no siempre con todos los elementos. “Y eso debería encender alarmas”, concluye.
