Un grupo de mujeres postulantes al Colegio de Policía Sgto. Ayudante José Merlo Saravia presentó este martes una acción de amparo constitucional contra la Comandancia de la Policía Nacional del Paraguay, al considerar que el proceso de admisión establece limitaciones discriminatorias para el ingreso de mujeres.
La causa fue radicada ante el juzgado a cargo del magistrado Humberto René Otazú, quien deberá analizar la solicitud de las aspirantes y resolver sobre la medida planteada.
Según el escrito presentado ante la Justicia, las accionantes sostienen que cumplieron con todos los requisitos establecidos en el proceso de selección, tras aprobar evaluaciones de conocimientos, exámenes de salud, pruebas de eficiencia física y test psicotécnicos. No obstante, afirman que quedaron fuera del listado de admitidos debido a la aplicación de cupos diferenciados por sexo establecidos mediante resoluciones administrativas.
De acuerdo con los datos expuestos en la acción judicial, el proceso de admisión estableció inicialmente 840 vacancias para mujeres y 4.110 para varones, cifras que posteriormente fueron modificadas a 1.000 plazas para postulantes femeninas y 4.000 para masculinos.
Las aspirantes sostienen que esta distribución limita el acceso de mujeres a la institución, incluso en casos donde obtuvieron puntajes superiores a algunos postulantes varones finalmente admitidos.
El recurso también menciona que, con el objetivo de completar el cupo masculino, las autoridades habrían reducido el puntaje mínimo exigido para los varones, permitiendo el ingreso de aspirantes con menor calificación. Según las denunciantes, esta situación derivó en la exclusión de mujeres que sí alcanzaron o superaron los estándares inicialmente establecidos.
Las representantes legales del grupo argumentan que la medida contraviene los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. En ese sentido, señalaron que el caso trasciende el ámbito educativo.
“Lo que está en discusión no es solo el ingreso a una institución educativa. Está en juego el principio básico de que en Paraguay las mujeres no pueden ser tratadas como ciudadanas de segunda categoría”, expresaron.
Las postulantes indicaron que antes de recurrir a la vía judicial realizaron gestiones ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y el Congreso Nacional, aunque según manifestaron no obtuvieron respuestas concretas que permitieran revertir la situación.
Mediante la acción de amparo solicitan que la Justicia declare la nulidad de la resolución que establece límites de ingreso por sexo y disponga la admisión de las aspirantes afectadas.
Las recurrentes argumentan además que la intervención judicial reviste carácter urgente, teniendo en cuenta que el año lectivo en la institución policial comenzó el 9 de marzo, lo que —según sostienen— podría generar un perjuicio en la continuidad de su formación.
Una de las postulantes expresó que las mujeres han demostrado estar en condiciones de cumplir con las exigencias del proceso. “Las mujeres paraguayas han demostrado que pueden cumplir las mismas exigencias físicas, académicas y profesionales. Lo que no puede ocurrir es que el propio Estado les cierre las puertas cuando ya demostraron su capacidad”, afirmó.
El caso queda ahora a estudio del juzgado interviniente, que deberá evaluar los argumentos presentados por las accionantes y, eventualmente, requerir informes a la Policía Nacional antes de adoptar una decisión.
