El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Adriana Planas, resolvió posponer el inicio del juicio oral a Ramón Ernesto Benítez Amarilla y otros acusados por el tipo penal de contrabando. Existe un recurso pendiente en la Sala Penal de la Corte por lo que el inicio del juicio quedó frustrado.
En esta causa, los fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera, presentaron una acusación formal contra 19 personas, entre ellas funcionarios de la dirección Técnica Aduanera de Vigilancia Especial (DETAVE), agentes policiales y particulares, por su presunta participación en un esquema de contrabando agravado y simple, además de cohecho pasivo agravado, conforme al Código Aduanero.
Según detalla la acusación, los involucrados habrían integrado una red dedicada a exigir sobornos a cambio de permitir el paso de mercaderías de contrabando, sin cumplir con los requisitos legales de ingreso o tránsito dentro del territorio nacional.
El sistema de coimas operaba en distintos puestos de control de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), bajo la estructura de la exDETAVE y de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA).
Los funcionarios y colaboradores solicitaban dinero a personas que introducían al país productos como frutas, verduras, cigarrillos, calzados, electrónicos, combustibles, azúcar y ropa, entre otros. El monto de los sobornos variaba según el tipo y la cantidad de mercadería. La recaudación ilícita se realizaba de manera semanal y era entregada a superiores o intermediarios designados.
El esquema era presuntamente liderado por el general en situación de retiro Ramón Ernesto Benítez Amarilla, excoordinador de DETAVE, quien ya había sido acusado por la Fiscalía en julio de 2020. Según la investigación, los pagos llegaban hasta su oficina en el predio de Almacenes Generales de Depósito (GICAL), en Mariano Roque Alonso, o a su domicilio particular en Asunción.
Entre los acusados figuran nueve funcionarios del exDETAVE, tres agentes policiales, seis particulares que operaban como secretarios y dos empresarios.
Entre los principales implicados se encuentran: Juan Carlos Samudio Legal, asignado al puesto móvil de Ciudad del Este, quien coordinaba la liberación de mercaderías y recibía el dinero recolectado en otros puestos. Hugo Mario González Ovelar, funcionario del puesto de Trinidad, responsable de entregar parte de las sumas al general Benítez.
Rafael Portillo y Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, quienes actuaban en los puestos de Itapúa e Itá Enramada, respectivamente, supervisando el paso de cargas ilegales.
Saúl Daniel Alarcón Moline, del puesto de Vista Alegre, y Ángel Enmanuel González Cáceres, del puesto de Tavapy, quienes controlaban vehículos y solicitaban dinero a contrabandistas.
Víctor Alfredo Duarte Caballero, desde el puesto de Chaco’i, realizaba funciones similares y remitía los montos a Benítez.
Asimismo, Alberto Ledesma Sánchez fue acusado por facilitar información sensible sobre el ingreso de supuestas cargas de oro, que luego fue utilizada para extorsionar a transportistas.
Los particulares Concepción Olmedo Giménez, Abel Enrique Armoa Pereira, Pedro Carlos Delvalle Marecos, Javier Arnaldo Acosta Lovera, Silvino Enrique Olmedo Giménez y Adalberto Figueredo Vázquez (con salida procesal), actuaban como asistentes o intermediarios en la gestión de sobornos, sin pertenecer formalmente a la institución.
En cuanto a los agentes policiales acusados, José Isaac Lesme Mendoza, Osvaldo Zaracho Vera y Jorge Antonio Céspedes Zarza estaban comisionados a la DNA para tareas de seguridad interna (con salida procesal). Según la acusación, Lesme Mendoza habría transportado dinero de coimas hasta el domicilio de Benítez, mientras que Zaracho y Céspedes colaboraban en el retiro y resguardo de los fondos ilegales.
También fueron acusados los comerciantes Claudio Gustavo Samaniego Gómez y Luis Rodrigo Panza Vera, señalados por pagar sobornos para facilitar el paso de sus mercaderías de contrabando. Samaniego fue imputado por contrabando simple, mientras que Panza Vera enfrenta cargos por soborno agravado y contrabando simple.
La Dirección Nacional de Aduanas, a través de su dependencia COIA, tenía bajo su órbita al DETAVE, organismo responsable del control y prevención del contrabando en todo el país. Según la Fiscalía, varios de sus funcionarios utilizaron estos puestos de control para lucrar ilegalmente con el ingreso irregular de mercaderías, burlando las funciones de control del Estado, con las evidencias colectadas durante la etapa investogativa el Minsiterio Público busca la condena de los implicados.
