El juez penal adolescente y experto en materia juvenil, Camilo Torres, analizó la propuesta legislativa que ya cuenta con media sanción en el Senado para elevar la pena a 15 años y sostuvo que aumentar el castigo no servirá sin políticas estatales protectoras para este sector olvidado.
Explicó que estas respuestas no abordan las verdaderas causas, sino que tienen un efecto placebo. Que de nada servirá discutir el aumento de las penas o medidas en adolescentes si antes el Estado no destina mayores fondos y mejore sus políticas públicas para esta franja etaria tan olvidada y castigada, para tratar un problema complejo como la delincuencia juvenil, con características diferentes a la criminalidad ordinaria.
Señaló que las políticas públicas deben apuntar a la protección del adolescente, que está en etapa de crecimiento, y no recrudecer las medidas contra él, pues esto podría tener consecuencias negativas y dificultar su salida del sistema penal.
“No solo la ley les otorga a los adolescentes mayores garantías, sino que su condición de personas en etapa de crecimiento (autonomía progresiva) hace que no puedan ser tratados como los adultos. No puede olvidarse que los jóvenes que no reciben una atención, tratamiento o reeducación adecuados en su tortuoso tránsito por el sistema penal pueden convertirse en clientes fieles del mismo y, con el tiempo, perfeccionar no solo la comisión de infracciones sino también su gravedad”.
Agregó: “El Estado debería adoptar con urgencia medidas de prevención y atención a niños y jóvenes en situación de riesgo, pues también deben protegerlos de las personas mayores que muchas veces los utilizan para su propio beneficio”.
Subrayó que si los mecanismos de prevención no funcionan, debe insistirse en el tratamiento adecuado y, solo cuando resulten insuficientes las medidas socioeducativas y correccionales, recurriéndose a un sistema de privación de libertad verdaderamente preparado para menores en conflicto con la ley penal.
Afirmó que, si poco o nada se hace con los menores en su paso por un centro de reeducación, se les podría impedir cambiar de rumbo, sobre todo considerando que muchos ingresan al sistema juvenil tras sufrir conflictos derivados del uso de estupefacientes, maltratos y abandono familiar.
Por último, el experto añadió que el Estado, la sociedad y la familia deben colaborar en el desarrollo integral de niños y niñas: “No está de más pedir a nuestros representantes que destinen los recursos necesarios y adopten políticas públicas serias y efectivas, e insistan en medidas preventivas para reducir los casos de riesgo, en lugar de proponer una solución parcial que, lejos de ser adecuada, solo castiga a la parte más débil a la que, paradójicamente, se le debe proteger y reeducar”.
