Durante un debate organizado por la Dirección de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNA, los penalistas y docentes Jorge Bogarín González, José Ignacio González Macchi y Eduardo Escobar Said dejaron en claro que la iniciativa del diputado Rubén Rubín es inconstitucional y representa un retroceso para el sistema penal.
Coincidieron en que la presentación del proyecto que propone aplicar en Paraguay la prisión perpetua revisable no se basa en un estudio criminológico científico.
El doctor José Ignacio González Macchi señaló, en su experiencia como juez, la última vez que se realizó una investigación criminológica involucrando a todos los poderes del Estado fue en 1999; que fue el único momento en que se trabajó de forma coordinada para estructurar el sistema penal vigente.
Subrayó que el proyecto de ley no es el resultado de un estudio, análisis o investigación. Propone una pena de 90 años que, aunque revisable, equivale de facto a cadena perpetua, pues la esperanza de vida en Paraguay ronda los 75 años a 80 años.
Mencionó que el Estado debe imponer penas para proteger bienes fundamentales, y a su vez, está obligado a garantizar la readaptación de las personas que cometen hechos punibles, conforme al artículo 20 constitucional.
“Es imposible que una cadena perpetua supere la constitucionalidad y debió ser rechazada al ser presentada, para no sancionar una ley claramente inconstitucional; este proyecto impide la reinserción del condenado”, enfatizó González Macchi.
Por su parte Eduardo Escobar Said, viceministro de la Niñez y Adolescencia, planteó otra preocupación de la ley: ¿Está el Estado preparado para imponer un encierro permanente considerando el nivel de hacinamiento actual? Respondió tajantemente: “El Estado no está preparado”. Añadió que el proyecto presenta errores estructurales graves; las penas de larga duración deben ser efectivas, no meramente simbólicas, y en caso de aprobarse debe modificarse el Código Penal Paraguayo (CPP).
En tanto, el doctor Jorge Bogarín González (exjuez penal), aseguró que esta iniciativa implica una regresión, ya que busca imponer prisión perpetua sin una investigación de política criminal que indague causas de las ilicitudes.
“La prisión provoca una crisis en el condenado, lo que dificulta su reinserción; debería reservarse solo para los delitos más graves” dijo.
Según Manuel Guanes Nicoli, organizador del evento, el debate con referentes del derecho penal paraguayo tiene como objetivo incluir a la academia en discusiones de alto impacto en la sociedad y en el derecho.
Comentó que este tipo de charlas abiertas entre juristas puede servir para emitir sus aportes desde la academia para evitar la aprobación de leyes que después sean declaradas inconstitucionales.
Penalistas advierten que la prisión perpetua es inconstitucional
