La Corte Suprema de Justicia, a través del Registro Unificado Nacional (RUN), informó a magistrados, auxiliares de justicia y usuarios en general sobre las nuevas pautas que deben cumplirse para la presentación de oficios judiciales ante las dependencias registrales, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Técnico Catastro Registral, aprobado por la Acordada N.º 1.823/25.
Las disposiciones alcanzan a los oficios que ingresen a las direcciones generales dependientes del RUN, entre ellas la Dirección General de Registros Especiales, la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles y la Dirección General del Registro del Automotor, los cuales deberán ajustarse a requisitos específicos para su correcta tramitación.
Entre los datos obligatorios, se establece la necesidad de consignar información precisa que permita individualizar el bien, derecho, sujeto o documento sobre el cual recae la orden judicial. En el caso de inmuebles, deberán detallarse, según corresponda, datos como número de finca, padrón, protocolo, matrícula, cuenta corriente catastral o el código único de identificación catastral registral. En situaciones donde la información resulte insuficiente, el registrador estará facultado a solicitar un nuevo oficio al juzgado interviniente, indicando de manera expresa los datos faltantes necesarios para la identificación del asiento registral.
Asimismo, los oficios deberán contener la carátula del proceso y la identificación del juzgado que dictó la resolución, además del monto de la medida cautelar incluidos los gastos de justicia y el IVA cuando corresponda, junto con la identificación del acreedor y los datos completos de las personas contra quienes se disponga la medida.
También será obligatorio consignar el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio y el domicilio de la persona afectada por la orden judicial, así como los datos completos de la persona física o jurídica a cuyo favor se dicta la resolución o que haya solicitado la medida cautelar con efectos registrales.
Desde el Poder Judicial señalaron que estas exigencias buscan optimizar los procesos registrales, garantizar la seguridad jurídica y evitar demoras en la ejecución de órdenes judiciales, promoviendo una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema registral nacional.
