El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez, expuso de manera enfática que es incorrecto afirmar que el Poder Judicial no adoptó medidas administrativas frente al esquema criminal conocido como la “mafia de los pagarés”. Durante la presentación de un informe técnico, el ministro sostuvo que las críticas que señalan inacción desconocen por completo el trabajo desarrollado por la institución.
Martínez manifestó que algunas opiniones públicas parten de información incompleta o errónea: “Creo que no es justo que las personas que opinan sobre el tema lo hagan sin tomar conocimiento de esto, porque pueden incurrir en un error, al decir que la Corte Suprema no hizo absolutamente nada, cuando en este informe detallado se encara la casi cotidianidad con la cual nos hemos ocupado de este tema.”
El ministro aseguró que todas las actuaciones se dieron respetando el marco constitucional, especialmente la prohibición de influir en decisiones judiciales: “Realizamos todo esto en el marco constitucional, respetuosos de la normativa que expresa que nadie puede involucrarse en la resolución de un proceso.”
Dijo que la parte central de la respuesta institucional consistió en la elaboración y presentación de tres proyectos de ley orientados a reformar procedimientos y cerrar brechas normativas utilizadas por redes criminales para operar con pagarés falsos o abusivos. Estos proyectos fueron elaborados por ministros y técnicos de la Corte.
Martínez destacó además la participación activa del Poder Judicial en instancias legislativas, entre ellas varias reuniones con la Comisión que investiga al mismo esquema y que en esos encuentros, la Corte expuso los proyectos de ley y brindó información relevante sobre el fenómeno criminal investigado.
El informe presentado incluye un extenso detalle de todas las actuaciones administrativas realizadas desde finales de 2024 y a lo largo del 2025, cuando el caso tomó estado público. Entre esas medidas se encuentran: Las suspensiones preventivas, la instrucción de sumarios, remisiones al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, remisiones al Ministerio Público y auditorías en juzgados y dependencias administrativas.
Un ejemplo citado por el ministro es la Resolución N.º 1751 del 18 de diciembre de 2024, correspondiente a un juzgado de Encarnación, donde se inició un sumario, se designó instructores y se dispuso la suspensión preventiva de funcionarios.
Martínez explicó que el informe contiene decisiones adoptadas juzgado por juzgado, tanto en la capital y el área central como en el interior del país. Recordó que abrieron sumario respecto a 195 personas, entre ellas: 10 magistrados, 21 actuarios judiciales, 18 ujieres notificadoras, 118 oficiales de justicia, 25 abogados y 3 funcionarios administrativos.
Varios de estos funcionarios ya renunciaron o fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento, mientras que otros afrontan procesos penales. Martínez recordó que, conforme a la reglamentación interna, los sumarios administrativos se suspenden cuando existe una causa penal o un expediente ante el JEM, hasta que exista sentencia en ese caso.
El ministro informó que el 1 de diciembre se dispuso una nueva auditoría de gestión dentro de la Dirección de Estadística, enfocada específicamente en el análisis del fenómeno de la mafia de los pagarés.
Asimismo, Martínez propuso elaborar un material audiovisual que resuma el informe técnico: “Pediría autorización al pleno para realizar un trabajo audiovisual de fácil acceso y difusión masiva, para que todas las personas interesadas puedan acceder a un material de pocos minutos donde se tomen en cuenta estos datos.”
Este material incluiría un enlace para consultar el informe completo.
