Ministro alerta sobre peligrosa y arbitraria decisión de una cámara civil de Asunción

El ministro Víctor Ríos denunció en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia que el tribunal de apelación civil, integrado por los camaristas Giuseppe Fossati, Miguel Ángel Rodas y Enrique Mongelos, emitió una decisión que pone en riesgo la seguridad jurídica al recalificar el planteamiento de una de las partes.

Afirmó que no se puede atribuir esta actuación a un desconocimiento de la ley, pero sí consideró que es una decisión arbitraria y peligrosa. No pedirá la sanción de nadie por su interpretación, pero sostuvo que este tipo de resoluciones son intolerables por sus implicancias para el sistema de justicia.

El ministro señaló que los camaristas modificaron la solicitud de la parte que presentaba una excepción contra un auto interlocutorio de la Sala Constitucional y, al no corresponder, la recalificaron como una acción de inconstitucionalidad.

Ríos subrayó que ningún tribunal puede, por mero antojo, cambiar el planteamiento de una parte; en este caso, no solo se recalificó el pedido, sino que se resolvió asuntos que no se habían planteado realmente, sin pronunciarse sobre lo que efectivamente se presentó.

“Es una decisión arbitraria, tenemos que cuidar la seguridad jurídica. Los límites superados son peligrosos cuando los textos son muy claros. No entiendo toda esta pirueta interpretativa absurda. Un tribunal no puede recalificar lo que la parte presentó. El tribunal no puede, a su antojo, decir: ‘no, usted quiso plantear esto’… Estoy sorprendido por esta interpretación”, afirmó Ríos durante la sesión plenaria de la Corte.

Agregó que el sistema de justicia debe velar por el fiel cumplimiento de sus deberes y no se puede tolerar este tipo de decisiones, que afectan la imagen del Poder Judicial y del país, con interpretaciones caprichosas.

Estas decisiones también perjudican directamente a los abogados, ya que sus presentaciones quedarían sujetas a interpretaciones arbitrarias por parte del tribunal.
Ríos instó a que los jueces emitan fallos ajustados a derecho, para evitar que se consoliden estas prácticas indebidas.

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