El Ministerio Público formuló acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público el proceso penal abierto contra los directivos de la firma Vicentín Paraguay S.A., José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, a quienes se atribuye la comisión del hecho punible de estafa en perjuicio del banco Continental.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público de Paraguay, que concluyó que existen suficientes elementos de convicción para sostener que ambos directivos habrían engañado a la entidad financiera Continental para obtener un préstamo millonario.
De acuerdo con la acusación fiscal, la firma Vicentín Paraguay S.A. realizó varias solicitudes de crédito en 2019 ante el Banco Continental SAECA. En ese momento, la empresa presentaba una situación patrimonial favorable basada principalmente en la tenencia del 16,67 % de las acciones de la empresa Renova S.A., participación que estaba valuada en más de 319.000 millones de guaraníes.
Sin embargo, la investigación fiscal sostiene que en noviembre de 2019 la firma transfirió la totalidad de esas acciones a Vicentin SAIC, a través de su sucursal en Uruguay. Esta operación habría modificado sustancialmente el patrimonio de la empresa, pero —según la acusación— dicha situación no fue comunicada al banco, pese a que los contratos de crédito obligaban a informar cualquier cambio relevante en un plazo de diez días.
A pesar de esa situación, en septiembre de 2020 la empresa volvió a acceder a un nuevo préstamo por 5 millones de dólares, otorgado por el Banco Continental y otras entidades financieras. El contrato fue suscrito por Gianneschi en representación de Vicentin Paraguay.
Para el Ministerio Público, la operación se concretó sobre la base de información patrimonial que ya no reflejaba la realidad de la empresa. La fiscalía sostiene que el banco desconocía que Vicentin Paraguay ya no contaba con las acciones de Renova y que tampoco había recibido contraprestación alguna por su transferencia.
El préstamo establecía un sistema de amortización en seis cuotas semestrales. Sin embargo, según la acusación, la firma solo pagó dos cuotas de intereses y no abonó ningún monto del capital, que asciende a USD 5.000.000.
La acusación a cargo de las fiscalas Laura Giacummo y Nathalia Silva, concluye que la falta de comunicación sobre la modificación patrimonial, sumada al posterior incumplimiento de las obligaciones financieras, evidencia que los directivos de la empresa no habrían tenido la intención de cumplir con el compromiso asumido, configurándose así el supuesto hecho punible de estafa.
Denunciante:
El abogado penalista José Fernández Zacur, es quien denunció el hecho como representante legal de la entidad bancaria afectada. El profesional ha destacado el trabajo técnico del Ministerio Público en la que han coadyuvante para llegar a esta instancia y evitar que el caso quede impune tras un primer sobreseimiento provisional a los hoy acusados.
Con la acusación presentada, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público, instancia en la que se determinará la responsabilidad penal de los acusados por la presunta estafa millonaria. Los mismos se exponen hasta a cinco años de cárcel.
