El equipo fiscal que lleva adelante el caso conocido como la mafia de pagarés ha solicitado a los jueces que llevan las causas abiertas contra los magistrados imputados que autoricen la revisión de los teléfonos celulares de los jueces investigados.
En ese sentido, el pedido afecta a los imputados Carmen Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez, Natahalia Garcete y la exjueza Liliana González de Bristot. Todos enfrentan cargos por prevaricato en calidad de autores y uso de documentos no auténticos en calidad de cómplices.
Los jueces penales especializados Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú analizan la pertinencia del pedido formulado por el equipo fiscal que lleva el caso. Luego de la imputación de los sospechosos y la imposición de medidas cautelares, los fiscales realizan este requerimiento para indagar en los teléfonos de los procesados.
La sospecha que recae sobre los magistrados, es que, con su actuar, permitieron descuentos compulsivos a funcionarios públicos y jubilados sin control alguno. Que han firmado resoluciones sin fecha y en base a información no veraz.
Según la Fiscalía, las personas víctimas del esquema desconocían el proceso, ya que en su mayoría nunca fueron notificadas, debido a que las notificaciones fueron adulteradas al señalar que sí fueron notificadas y que solo no comparecieron a reconocer la firma, cuando en realidad nunca se realizó la notificación.
Inicialmente, quedó probado que, en un mismo horario y día, se asentó la práctica de notificaciones en ciudades distintas, y estas sirvieron de base para avanzar en los procesos de despojo de salarios o haberes jubilatorios.
El escándalo ha movilizado a la Corte Suprema de Justicia a impulsar incluso proyectos de ley que buscan poner fin a esta práctica, ejecutada en los juzgados de Paz de la Capital. Igualmente, la CSJ ha instado a los jueces a indagar sobre los juicios ejecutivos y, en caso de verificar irregularidades, a ordenar la anulación del caso y, por ende, la suspensión del cobro indebido ejecutando.
