Este viernes, la agente fiscal Karina Caballero allanó las oficinas donde opera la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) para retirar evidencias.
El Ministerio Público logró incautar diversos documentos y computadoras que serán sometidas a pericia en el marco del proceso abierto contra directivos de esta entidad, presuntamente involucrados en la mafia de los pagarés.
Este caso también involucra al juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, imputado por prevaricato y otros hechos punibles. Tanto él como sus funcionarios serían cómplices directos de las casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés falsificados.
Se ha informado que, en estos juicios tramitados ante el juez, también se habrían simulado las notificaciones a los funcionarios demandados del SNPP, quienes fueron víctimas de esta perjudicial mafia de los pagarés.
El Ministerio Público sostiene que estos procesos ejecutivos, iniciados en el Juzgado de Paz de la Recoleta, habrían sido promovidos y tramitados en evidente connivencia entre los representantes legales de las casas de crédito y ciertos funcionarios judiciales del mismo juzgado.
Según el detallado relato de la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022, directivos de las casas de crédito SERFIN S.A. y PRESTO S.A. habrían adulterado fechas de emisión y vencimiento de pagarés ya cancelados para utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez.
La imputación señala que las actuarias del juez, Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, habrían incurrido en graves irregularidades procesales en el marco de juicios de preparación de acción ejecutiva promovidos contra asociados de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, al tramitar pagarés adulterados por cuentas íntegramente canceladas, sin notificar debidamente a los afectados.
“A pesar de que muchos de estos créditos ya se encontraban íntegramente cancelados según los registros de descuentos salariales, las casas de crédito iniciaron acciones judiciales contra los asociados, y no contra la Asociación.
Por otra parte, se ha detectado que las notificaciones cursadas a los demandados no cumplían con los requisitos formales establecidos en el ordenamiento procesal vigente. Por el contrario, constituían lo que comúnmente se denomina ‘notificaciones voladoras’, es decir, diligencias que simulan cumplir con las formalidades legales pero que, en la práctica, no garantizan el efectivo conocimiento del proceso por parte de los demandados”, señala la imputación de la agente fiscal Karina Caballero.
Sigue diciendo la Fiscalía que todo indica que esta forma de conducción procesal habría sido deliberadamente diseñada para impedir la comparecencia oportuna de los demandados, con la finalidad de obtener, en su ausencia, embargos ejecutivos sobre sus haberes.
Además de Víctor Nilo Rodríguez y sus funcionarios, fueron imputados Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes (presidente de la firma Presto), y María Belén Cartes (directora titular de la misma firma). La lista de imputados continúa con Gloria Isabel Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano.
En 296 páginas, el Ministerio Público relata la conducta de los implicados en este nuevo proceso abierto contra el juez Víctor Nilo Rodríguez y otros imputados, así como la conducta delictiva de los directivos de la Asociación de Funcionarios del SNPP, por otros hechos irregulares en su administración.
Las víctimas del esquema, a través de su vocera Blanca Mello, pidieron al Poder Judicial acelerar los trámites para detener los descuentos compulsivos que persisten en perjuicio de los funcionarios del SNPP.
