La defensora pública Elva Luz Joaquina Silva Ramírez, del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) sede Villa Hayes, consiguió una resolución favorable en un caso vinculado al esquema conocido como “mafia de los pagarés”, asegurando la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada y reafirmando el deber institucional de brindar defensa técnica efectiva.
Gracias a su intervención, se levantó el remate que pesaba sobre los haberes jubilatorios del docente y se logró la devolución del dinero que le había sido despojado injustamente.
El afectado, Carlos V., de 64 años, oriundo de San Alberto, departamento de Alto Paraná, había contraído una deuda de G. 10.725.000 en 2014 cuando aún ejercía la docencia. La deuda estaba prácticamente cancelada mediante descuentos gestionados por la Asociación de Educadores Ovetense, quedando posiblemente una o dos cuotas pendientes.
Sin embargo, la intervención de la Asociación impidió que se completara el pago, y en 2022 se le inició una demanda que terminó en una sentencia de embargo y remate por G. 22.935.200. Como ocurre en la mayoría de los casos de la denominada “mafia de los pagarés”, la víctima no fue notificada del juicio sino hasta que ya se habían ejecutado embargos y remates, en este caso, el 25 de febrero de 2025.
En cumplimiento de sus funciones constitucionales y velando por el debido proceso, la defensora Silva Ramírez asumió la representación del docente en el juicio caratulado “Asociación de Educadores Ovetenses sobre Reconocimiento de Crédito y Cobro de Guaraníes”, radicado ante el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, con intervención del Juez de Paz interino Abg. Gregorio Ignacio León Martínez.
Tras un análisis exhaustivo del expediente y la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones, la defensora logró que se levantara el embargo sobre los haberes jubilatorios y se ordenara la devolución de todos los montos indebidamente descontados, que ascendieron a G. 15.838.000, entregados mediante un cheque del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Gracias a la actuación oportuna de la defensora pública, se restituyeron los derechos vulnerados del docente, afectado por un esquema irregular que ha perjudicado a numerosos ciudadanos, especialmente jubilados.
Con este resultado, el Ministerio de la Defensa Pública, a través de la labor comprometida de Silva Ramírez, reafirma su misión de garantizar el acceso a la justicia, brindar defensa técnica eficaz y asegurar que los derechos fundamentales de las personas sean plenamente respetados.
