El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, celebró la promulgación de la Ley 7614/2025, normativa que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes, y consideró que se trata de un avance clave para proteger a los ciudadanos afectados por presuntos esquemas fraudulentos.
“La sanción de esta ley es un paso fundamental para evitar que más compatriotas sigan sufriendo descuentos indebidos de sus salarios y procesos judiciales irregulares que, en muchos casos, les privan de la totalidad de sus ingresos”, afirmó Filizzola, destacando la importancia de la medida para resguardar los derechos de las personas frente a prácticas abusivas.
El legislador recordó que la ley es resultado del trabajo conjunto entre la Comisión Especial de Investigación y el Ministerio de la Defensa Pública, con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, y señaló que refleja una postura común orientada a corregir vacíos legales y zonas grises del sistema judicial que fueron aprovechadas para afectar gravemente a ciudadanos y familias.
Entre los aspectos más relevantes, la Ley 7614/2025 establece mecanismos que permiten suspender o levantar descuentos y embargos sobre salarios de personas que no pudieron ejercer su derecho a la defensa ni acceder a las actuaciones procesales, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.
El senador explicó que la normativa impone deberes “de oficio” a los jueces, quienes deberán decretar la suspensión inmediata de cualquier embargo en los casos en que los expedientes no puedan ser localizados tras un plazo razonable.
Otro avance destacado es que la ley asegura acceso a la Defensa Pública para personas que no pueden costear un abogado o se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por limitaciones económicas, pertenencia a la tercera edad o a pueblos originarios, o dificultades para trasladarse a la Capital. Este acceso se tramitará mediante una simple declaración jurada, facilitando la defensa efectiva de quienes más lo necesitan.
Filizzola enfatizó que, al tratarse de un proceso de orden público, no se puede permitir abusos ni avasallamientos. “El Estado tiene la obligación de proteger los derechos a la subsistencia y a una vida digna, especialmente en casos donde miles de ciudadanos han perdido todo por una trama delictiva de la que incluso participó el propio sistema”, afirmó.
Finalmente, el senador resaltó que la ley está pensada para la gente y por la gente, sin alterar el sistema procesal vigente, sino reforzando las herramientas legales existentes para garantizar el derecho a la defensa de todas las personas afectadas.
