La abogada Noelia Núñez, quien representa a numerosas víctimas del esquema, señaló que participa de la audiencia pública con el fin de ejercer una representación real de las víctimas y de que las leyes brinden seguridad jurídica no solo a los afectados, sino también al país.
Mencionó que es clave emitir leyes que sean aplicables y que contemplen todas las aristas, sin lagunas, para su correcta aplicación como mecanismo de protección a las víctimas de esquemas como la mafia de pagarés.
Dijo que en la Cámara de Diputados se elabora un proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, y que fue invitada para brindar su criterio jurídico sobre la cuestión.
Comentó que la iniciativa en particular busca modificar el Código Procesal Civil y aplicar sanciones a quienes impulsan procesos fraudulentos, como ha ocurrido con la mafia de pagarés, que tiene sus raíces en el propio sistema de justicia.
“Esta desnaturalización del derecho, la inseguridad jurídica y la falta de credibilidad que ha generado este caso en el sistema, esta corrupción que imperó, puede ser reivindicada con normativas y modificaciones que sirvan para llevar adelante procesos ajustados a la ley y no en detrimento de los más vulnerables”, acotó la profesional.
Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Diputados con el fin de abordar una iniciativa con 23 artículos, que busca regular y estandarizar el registro de pagarés o títulos de crédito, con el fin de proteger estos documentos y evitar su doble utilización con fines ilícitos.
El equipo fiscal asignado a la investigación de un esquema montado con la complicidad de los propios jueces de Paz de la Capital ha formulado imputación contra los jueces Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot. La imputación también alcanza a actuarios, ujieres y abogados litigantes en los juzgados afectados.
Los jueces fueron imputados en calidad de autores por prevaricato y, en calidad de cómplices, por uso de documentos públicos de contenido falso. Se sospecha que los magistrados, suspendidos en sus funciones, formaban parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos mediante pagarés por cuentas ya canceladas y, en algunos casos, con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos legales para ser ejecutados.
La lista de imputados por el Ministerio Público asciende a 70 personas, quienes integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial, donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados con juicios ejecutivos por parte de los jueces de Paz hoy imputados, que han permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas con absoluto descaro, y que trabajadores humildes terminen gravemente perjudicados en sus ingresos por los descuentos compulsivos.
