Un incidente promovido por la defensora pública Leticia Casaccia derivó en una resolución judicial que ordena retrotraer un proceso ejecutivo ante la falta de presentación del pagaré original utilizado como base para reclamar una deuda.
La presentación fue realizada en el marco de un juicio ejecutivo en el que la defensa planteó la nulidad de actuaciones y la excepción de inhabilidad de título, argumentando que el documento presentado por la parte demandante consistía únicamente en una fotocopia autenticada por escribanía, sin que el documento original haya sido presentado ante el juzgado.
Según el planteamiento de la defensora pública, la ausencia del pagaré original genera dudas sobre la legitimidad del crédito reclamado y sobre la titularidad del derecho de cobro, considerando que los pagarés son títulos endosables y, por lo tanto, pueden ser transferidos a terceros.
Tras analizar el incidente, el juez Fidelino Cáceres resolvió que la falta de presentación del documento original constituye una situación que debe ser subsanada antes de continuar con el proceso. En ese sentido, dispuso retrotraer las actuaciones desde una etapa previa del expediente y emplazó al demandante a presentar el pagaré original ante el juzgado.
La resolución se fundamenta en disposiciones del Código Procesal Civil, que establecen que el juez debe examinar cuidadosamente el instrumento con el que se promueve la acción ejecutiva y verificar que exista una obligación cierta, líquida y exigible antes de librar mandamiento de pago y embargo.
En su decisión, el magistrado también señaló que, mientras no se presente el documento original, no es posible dictar una sentencia válida, debido a la incertidumbre sobre la autenticidad y titularidad del crédito reclamado.
De esta manera, el proceso judicial quedará condicionado a que la parte demandante presente el pagaré original para que el juzgado pueda verificar el instrumento y determinar si corresponde continuar con la ejecución de la deuda.
La resolución se da en el marco de las revisiones que los tribunales vienen realizando sobre juicios ejecutivos basados en títulos de crédito, donde se exige el cumplimiento estricto de los requisitos formales para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso.
Casaccia ha logrado levantar numerosos embargos a favor de las víctimas del esquema criminal y, en este caso, persigue la misma finalidad.
