La reunión reservada que varios ministros de la Corte Suprema mantuvieron con el presidente Santiago Peña dejó de ser un episodio administrativo para convertirse en una crisis institucional provocada por la decisión de sus propios protagonistas de no informar oportunamente sobre el encuentro. Más allá del contenido alegado —que los ministros aseguraron fue estrictamente administrativo—, la reserva inicial fue una elección de quienes participaron y terminó afectando la credibilidad del máximo tribunal.
Recién días después, los ministros involucrados salieron a explicar el alcance de la reunión y admitieron que el silencio generó especulaciones. Esa explicación tardía no evitó el impacto negativo, sino que lo profundizó. En ese lapso, víctimas de la mafia de los pagarés, sectores políticos y especialistas en acceso a la información cuestionaron no lo que se dijo después, sino lo que se decidió no decir en su momento.
Las reacciones dejaron en evidencia que, en el actual contexto de desgaste del Poder Judicial, la reserva no es neutra. Para los afectados por el esquema de la «mafia de los pagarés», el silencio de los ministros reforzó la percepción de opacidad y dependencia frente a poderes externos.
El episodio también expuso tensiones internas en la propia Corte Suprema. Ministros que no formaron parte de la reunión cuestionaron la forma en que se llevó adelante y el hecho de que no se informara con transparencia ni se convocara al pleno. Estas disidencias internas evidencian que no existió un consenso institucional sobre cómo proceder ni sobre cómo comunicar un encuentro de alto impacto político.
Lo ocurrido deja una conclusión clara: cuando los ministros de la Corte Suprema optan por manejar de forma reservada un encuentro con el Poder Ejecutivo y explicarlo recién después, el daño institucional es inevitable. En un tribunal atravesado por cuestionamientos severos, el silencio no protege a la institución: compromete su autoridad y debilita la confianza pública.
