Para la experta en derechos de la mujer y exministra de la Mujer del Perú, Nancy Tolentino, la presencia de la mujer en espacios de poder no solo demuestra el talento femenino, sino que también contribuye a mejorar la intervención estatal en todos los niveles.
Agregó que el valor de la mujer sigue siendo subestimado, al igual que su posición como profesional en algunas esferas, cuando en realidad las sociedades deberían aprovechar su talento en los distintos espacios, ya que su presencia enriquece las instituciones.
Remarcó la importancia de que las mujeres ocupen cargos de relevancia en la función pública y, si es en paridad, mucho mejor, porque su presencia contribuye a la modernización del Estado.
“La mujer debe tener mayor presencia en los cargos de representatividad, no por el hecho de ser mujer, sino porque su participación contribuye a la diversidad y a una mejor intervención estatal en todos los sectores. Necesitamos repensar cómo nos hemos socializado; a veces solo repetimos conductas que hemos aprendido a temprana edad. Tenemos que trabajar en aquello que nos impide vernos como iguales y tratarnos con respeto”, subrayó, destacando la importancia de la capacitación constante para evitar que las desigualdades estructurales persistan.
Agregó que es necesario construir una convivencia en armonía entre todos y todas para crecer como sociedad, ya que las desigualdades son inaceptables en pleno siglo XXI. Pidió por una mayor cantidad de hombres que trabajen en disminuir la brecha de desigualdad.
La licenciada Nancy Tolentino, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, disertó la semana pasada en el Poder Judicial de nuestro país sobre liderazgo y paridad. Comentó que el Perú ha avanzado mucho en la protección de los derechos de las mujeres y de las personas vulnerables. Incluso ha reconocido oficialmente la violencia política como una modalidad específica de violencia, con el fin de visibilizarla y combatirla.
El evento fue organizado por la Secretaría de Género del Poder Judicial, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la colaboración del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).
