El exhorto de extradición fue recepcionado en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia que a su vez deberá ser enviada a Cancillería y de allí a Brasil, donde se encuentra detenido desde la semana pasada, Tío Rico.
La justicia, en tiempo récord, solicitó el pedido para lograr lo antes posible que uno de los considerados cabecillas del esquema de tráfico internacional de droga sea extraditado a Paraguay.
La traducción de todos los documentos para ser enviados a la Justicia de Brasil culminó este lunes, al igual que el cotejo de todos los documentos agregados al pedido donde obra los antecedentes del proceso abierto a Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico, requerido en nuestro país por la causa A Ultranza el primer mega operativo contra el crimen organizado en nuestro país.
La jueza Lici Sánchez firmó el exhorto de extradición de indiciado. En los documentos va la explicación sucinta del relato de hechos por la que se requiere la extradición de Insfrán, al igual que el tipo penal por el Ministerio Público imputó a Tío Rico, así como sus datos del extraditable y demás documentos que creyó conveniente el juzgado a cargo de la magistrada especializada contra el Crimen organizado.
El Ministerio Público imputó en esta causa a 50 personas vinculadas con el grupo criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína desde Paraguay a Europa y África.
De los 50 imputados 27 ya están sometidos a proceso y en prisión preventiva. El considerado líder de este esquema es Alberto Koube quien es uno de los principales exponentes de la organización al igual que Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, según la imputación del Ministerio Público cuya extradición se requirió en la fecha.
El operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.
Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.
